Expulsión

La decisión de las autoridades suizas de someter a referéndum la eventual expulsión de ciudadanos extranjeros del territorio suizo en caso de que éstos hubiesen cometido delitos no muy graves e, incluso, faltas administrativas es, simplemente, la muestra de que Suiza no puede ser un socio privilegiado ni fiable de la Unión Europea. La medida, aunque ha sido rechazada por los ciudadanos del estado helvético, de aprobarse hubiera afectado, sobre todo, a ciudadanos de la Unión Europea y, en todo caso, supone una visión muy negativa del fenómeno de la inmigración que tiende a la violación de los derechos humanos. La Unión Europea y sus Estados miembros deben replantearse y actualizar las relaciones con Suiza por el bien del conjunto de los ciudadanos de la Unión y pensando, fundamentalmente, en los propios intereses. La riqueza y el desarrollo económico de Suiza se deben, sin lugar a dudas, a la posición que ocupa en el concierto europeo y a los privilegios que se le han ido otorgando a lo largo de la historia. La posición, presuntamente neutral y fuera del esquema de integración europeo, sólo se sostiene porque grandes intereses económicos ven al estado suizo como un refugio en todo momento. La Unión Europea debe revisar no sólo los acuerdos comerciales y económicos con la federación helvética sino, también, las reglas y las condiciones de acceso de los suizos al territorio de la Unión. Los esfuerzos económicos y de desarrollo social en la Unión Europea deben destinarse, en mayor medida, en países que conforman este esquema de integración y no derrochar esfuerzos, que resultan inútiles, para la promoción de un país, como Suiza, que se plantea la posibilidad de expulsar de su territorio a aquellos que tienen la condición y los derechos que corresponden a todos los ciudadanos de la Unión. En particular, Francia, Alemania e Italia deben repensar las relaciones con Suiza y adoptar las medidas pertinentes.