Fianzas

La fianza de más de 29 millones que la juez Mercedes Alaya ha impuesto a Magdalena Álvarez es monumental en su cuantía, sin duda. Lo son aún más otras de las fianzas que ha impuesto, como la de 807 millones al ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández o la de 686 millones al ex director de Trabajo Javier Guerrero. La cuantía de una responsabilidad civil depende en estos casos de la cantidad presuntamente defraudada y se establece, aunque sea «grosso modo», como dice el auto de la juez, de una forma objetiva. No prejuzga por tanto el delito ni la pena. En cambio, permite comprender la dimensión de lo que está en juego.

Con independencia del resultado del juicio, estas fianzas apuntan a las posibilidades de corrupción que ha abierto un Estado tan gigantesco como el que tenemos. La dimensión del Estado, sin embargo, no se va a reducir: a menos de que se quiera que las democracias entren en crisis, el Estado tendrá que seguir asumiendo las tareas que ya está desempeñando. Habrá que establecer, en cambio, formas nuevas de gestión que incluyan la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas. Y es éste, precisamente, uno de los focos donde se ceba la corrupción, como están demostrando el caso de los ERE y el de los cursos de formación.

Acabar con la corrupción va a ser por tanto un requisito básico para que el sistema no se colapse. Por eso es tan importante el trabajo de jueces como Mercedes Alaya o las medidas que el Gobierno ha venido tomando desde 2012 para aumentar los controles y la transparencia. También es necesaria una labor puramente política, que vaya devolviendo a los electores algo de confianza en sus representantes. Desde esta perspectiva, una de las peores iniciativas que se pueden tomar es la de tapar la corrupción apelando a la lealtad local, como está ocurriendo en Cataluña y en Andalucía, donde, según las declaraciones del vicepresidente de la Junta –también implicado en el caso de los ERE- parece que la lucha contra la corrupción es un ataque contra Andalucía. Esta deriva no le va a simplificar las cosas al nuevo candidato a la Junta del PP. Ahora bien, así como los casos judiciales están dando la oportunidad de empezar a acabar con una corrupción que ha durado años, el asunto de los ERE le da la ocasión al PP de demostrar que hay otra forma de concebir Andalucía, lejos del caciquismo paleonacionalista al que la condenan 30 años de gobierno del PSOE.