Igualdad y normalidad

Proclama la Constitución la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico; igualdad que a la vez es un derecho fundamental. Además en su preámbulo la Nación española proclama su voluntad de que se consolide un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley. Y por si fuera poco manda a los poderes públicos que remuevan los obstáculos para que la igualdad de los individuos sea real y efectiva, ordena que no pueda haber desigualdad de los españoles por razón del territorio.

Como se ve la igualdad reina en nuestro sistema jurídico. Por eso que se cite como imputada –no confundir con imputación formal– a la Infanta Cristina no debe sorprender. Lo sorprendente no es que sea citada por un juez, lo sorprendente y grave es que haya indicios de que pueda estar involucrada en un delito; la citación es la consecuencia, no la causa de un mal. La igualdad tiene otro alcance porque se parte, cierto, de que todos somos iguales ante la ley, pero cuando se aplica esa ley abstracta y general por un juez es de justicia que se dé a cada uno el trato que le corresponda en la particularidad de su caso, y basta leer el auto que se conoció el pasado miércoles para deducir que esa citación –repito, no imputación formal– era inevitable.

El pasado miércoles un portavoz de Zarzuela dejaba claro «el máximo respeto» por las decisiones judiciales, pero no dudaba en manifestar la «sorpresa» de la Casa Real por lo que se entendía que era un cambio de posición del juez frente al auto del 5 de marzo de 2012. La cuestión es que en un año las cosas cambian, la investigación judicial ha continuado y, como dice el auto, se ha llegado a un punto en el que habiendo datos antes inexistentes sería inexplicable que no declarase quien es miembro de la Junta Directiva de Nóos y titular de la mitad del capital de Aizon. Con estas circunstancias, que no se llamase a la Infanta sí que sería sorprendente, máxime cuando esa Junta Directiva de la que forma parte estaba formada por muy pocos miembros y todos están imputados.

Ese portavoz –al parecer anónimo– de la Casa Real hablaba desde el máximo respeto por las decisiones judiciales, pero a renglón seguido decía que la Casa Real estaba sorprendida por el auto judicial. Por muy medidas que sean las palabras no dejan de ser una censura en toda regla a la actuación de los tribunales, y esto es muy grave. Que yo recuerde nunca desde la Casa Real se ha manifestado sorpresa alguna por una decisión gubernamental o legislativa; esta vez se ha censurado al Poder Judicial, el único de los tres Poderes del Estado que, según manda la Constitución, actúa expresamente en nombre del Rey, porque la Justicia la administramos los jueces en su nombre, también la que administra el juez Castro. Afortunadamente, el patinazo de ese portavoz oficial u oficioso fue enmendado al día siguiente por el Príncipe en su discurso a la nueva promoción de jueces.

Que nuestro sistema judicial investigue a un miembro de la Casa Real demuestra que, a pesar de los pesares, las cosas funcionan. Por eso lo que ahora toca es que el proceso siga su curso, no enturbiarlo con declaraciones extravagantes ni descalificaciones al juez. Nuestro proceso da armas tanto para acusar como para defenderse; garantiza la igualdad de las partes y el derecho de defensa y lo dirige un juez, lo que es garantía de imparcialidad. Es el normal funcionamiento de las instituciones, y eso también prestigia a la «marca España».