Instruir peligrosamente

A uno de los imputados en el caso de los ERE, José González Mata, Mercedes Alaya le impuso una enorme fianza de 600.000 euros que no pudo afrontar tras el embargo de bienes inmuebles (17), saldos de cuentas bancarias (68) y participaciones sociales al objeto de cubrir sus responsabilidades pecuniarias. En la cárcel desde el 18 de junio, el juzgado de instrucción se demoró en tramitar el recurso al auto de prisión el triple del tiempo que Miguel Blesa estuvo en Soto del Real, dándose la fatal casualidad de que dio traslado del mismo a la Audiencia el 31 de julio. Total, que este ciudadano (con independencia de que cientos de indicios apuntan a su culpabilidad) se va a tirar a la sombra, como poco, dos meses y medio sin posibilidad de que una medida tan drástica sea visada por una instancia superior; un encierro de todo el verano que, dependiendo de la fortaleza psicológica del preso, lo puede destruir. Los detractores de Alaya, que los tiene por docenas aunque cuente con la admiración rendida del firmante, denuncian su empleo esquinado de las medidas cautelares; de las que lo menos que puede decir un observador imparcial es que a menudo parecen atajos hacia sus propósitos. ¿Es loable que una magistrada haya puesto en jaque, ella solita, a la más podrida estructura de poder de Europa Occidental? Desde luego. Pero ni todo vale, ni puede esperarse de un periodismo medianamente criterioso que se comporte como una partida de hooligans. En Derecho, el fin nunca justifica los medios. Porque, además, cualquier paso mal dado beneficiará a la defensa de los chorizos.