Living la reforma local

Partimos de la base de que la reforma de las administraciones locales es absolutamente necesaria. Hasta ahora, el desmadre entre las prestaciones que deben o no asumir comunidades, diputaciones y ayuntamientos ha sido soberano, y el resultado más palpable es que estos últimos han terminado asumiendo competencias y gastos que no les correspondían, con el consiguiente endeudamiento que al final, como casi todo, termina reflejándose en el bolsillo de unos ciudadanos que, por otra parte y en medio de toda la confusión, demandan a los alcaldes servicios que, como hasta ahora se les han prestado desde el ayuntamiento, consideran un derecho. Un auténtico despropósito.

Desde ese punto de vista, el Gobierno tiene toda la razón en poner en marcha una ley que establezca un poco de sensatez en este asunto y que, sobre todo, garantice la financiación por parte de las comunidades de los servicios que se prestan, muchas veces con un gran esfuerzo, desde los organismos municipales.

Dicho esto, lo que no parece fácil de entender es que el primer paso que se haya dado hacia esa ley, a la que Montoro ya ha puesto fecha para el año próximo, sea el de pactar con el PNV para que se mantengan las diputaciones forales, cuyo cometido, para cualquiera que no viva en su zona de influencia –y para algunos de los que viven, también– es, como la construcción de las pirámides, un misterio.

Es razonable pensar que el Gobierno debe de tener sus motivos –aparte de la retirada de los nacionalistas vascos de su enmienda a la totalidad– para haber llegado a ese acuerdo, y que esta aparente concesión no va a terminar convirtiéndose en una prebenda para unos ni en una discriminación para el resto, pero, por favor, que lo expliquen.