No nos representan

Pocas huelgas tan salvajes como la que intentó doblar el pulso a Álvarez del Manzano en 1992. Más de dos meses de paros en los autobuses municipales con los madrileños como rehenes. El alcalde de las tres mayorías absolutas siempre recuerda las llamadas de apoyo del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, ante un conflicto que tenía alcance nacional: «José María, resiste. Ganarás. Y después yo aprobaré una ley de huelga».

El alcalde ganó, terminó despidiendo a los cabecillas del paro ilegal y el juez avaló su decisión. Naturalmente, el presidente socialista olvidó su promesa. El de huelga es el único derecho constitucional que, 35 años después, aún sigue sin regulación. Por interés propio cuando quien gobierna es el Partido Socialista, siempre necesitado del cariño sindical; por temor a perder la «paz social» cuando quien lo hace es el PP.

De tal forma que los sindicatos campan a sus anchas con el ejercicio de un derecho ilimitado que pisotea los del resto de una ciudadanía indefensa, mayoría silenciosa que aguanta todo mientras se consiente que otros suplanten su representación en todas las causas. ¿Que no protestan los usuarios por la subida de las tarifas del transporte? Se ponen en huelga los empleados de la EMT. ¿Que a decenas de miles de viajeros del Metro les han suprimido la extra de Navidad? Ahí están los conductores del suburbano para reivindicar la suya propia dejándoles sin transporte. ¿Que nunca se han quejado los pacientes de los hospitales públicos de gestión privada que llevan años funcionando en Madrid? Ha llegado la hora de que médicos y enfermeros les saquen del engaño y defiendan sus intereses dañados. ¡Si sabrán ellos lo que está en juego, ahora que muchos ya no podrán trabajar por la mañana en la pública y por la tarde en la privada!