Hay días que la actuación de los jueces me confunde. Unas veces por defecto. Otras por exceso, como me ocurrió el viernes con la decisión del juez José Castro, instructor del conocido «caso Urdangarín», intentando imputar al ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, porque aceptaron y pagaron la celebración de actos de proyección internacional, como le comentó en su día a Rita el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, a los que acudieron personalidades de prestigio universal. Su señoría da la impresión de estar obsesionado en la persecución de los dos. ¿Dónde está el delito? ¿En que fueron propuestos por el yerno real? Sorprende, la verdad. ¿Quién, en aquel entonces, no se hubiera reunido con Iñaki Urdangarín, que decía liderar una fundación sin ánimo de lucro? ¿Quién no le hubiera creído? Lo importante a preguntar se centra en si se celebraron, se justificaron y se pagaron los eventos. La respuesta es afirmativa. Más aún, nadie ha dicho que la formalización de los convenios fuera ilegal. Otra cuestión es qué hicieron Urdangarín y Diego Torres con el dinero percibido. Con Hacienda hemos topado. Parece que existe una persecución contra la Comunidad Valenciana, que ha hecho méritos para la crítica, lo admito, pero no más que otros políticos y gobiernos de otras autonomías. Sin embargo, no reciben tanta pérfida atención. Extraña que el juez mallorquín se despreocupe de otros lares, cuyos dirigentes abonaron mensualmente cantidades al Instituto Nóos sin que, a diferencia de Valencia, este organismo diera contraprestaciones ni organizara festejo alguno. Pero no se mete con ellos. A ver si va a tener razón Platón cuando afirmaba algo así como que la Justicia es la conveniencia del más fuerte. ¡Qué difícil es ser justo! Así es la vida.