A la hora de afrontar las consecuencias de la crisis en el Estado del Bienestar, los gobernantes suecos, que nos llevan casi veinte años de ventaja en las reformas, aconsejan pararse a pensar. Pensar no lo que se quiere suprimir, sino lo que se quiere conservar. La aplicación de este método, tan práctico y sencillo, podría dar buenos resultados en nuestro país. Sabemos que los recursos son escasos y que nunca van a volver a ser tan abundantes como lo fueron hasta el 2008. En consecuencia, habrá que decidir aquello que debe ser preservado, por ser relevante de por sí y también porque así lo exige lo que la Constitución llama Estado social y de derecho.

Uno de los puntos centrales de este Estado social, sobre cuya preservación existe un consenso muy amplio en la sociedad y en los agentes políticos, es la sanidad. En la sola Comunidad de Madrid, el gasto para 2013 será de 7.111,5 millones de euros, equivalente al 45,2% de todo lo presupuestado para la Comunidad. La evolución de estas cifras en los últimos años da idea de hasta qué punto la sanidad es relevante. El gasto en sanidad disminuirá en 364,6 millones con respecto a 2012, pero como se reduce menos que el conjunto, su importancia relativa aumentará.

Se trata de salvar el núcleo básico, que es la atención sanitaria. Partiendo de aquí, ¿es posible reducir gastos sin que eso afecte a la atención en sí? ¿Por qué no intentar modelos de gestión que reduzcan el gasto sin perjudicar a los pacientes? En vez de intentar asustar a la gente hablando de privatización o de venta, ¿por qué hay quien no quiere ni oír hablar de los nuevos modelos de gestión compartida? La sobreactuación de los empleados de la Sanidad pública lleva a pensar, primero, que están defendiendo intereses propios, muy legítimos, sin duda alguna, pero ajenos a la necesidad de preservar la Sanidad pública. Además tienden a producirse en las Comunidades gobernadas por el PP, y no en Andalucía, por ejemplo, donde hay 17 hospitales públicos gestionados por entidades particulares mediante convenio. Así que es inevitable preguntarse si detrás de las movilizaciones no hay intereses políticos. Por último, los empleados públicos deberían recordar que actitudes como las de estos últimos días, con cortes de tráfico, amenazas y chantajes, no contribuyen al prestigio de la profesión ni a la de los empleados públicos. Más bien recuerdan a los demás que hay muchas cosas prescindibles, muchas más de las que solemos imaginar.