Privatizaciones

Recordarán los madrileños la «marea blanca». Se manifestaban los profesionales de la Sanidad contra lo que entendían que era su privatización. En estos tiempos hubo –y hay– reacciones contra otras privatizaciones y no es extraño ver en algunos edificios de la Comunidad de Madrid pegatinas alertando de la privatización del agua –«el agua es nuestra»– o más recientemente en los judiciales contra la «privatización» del Registro Civil. Como cada caso tiene su propia y compleja historia, circunstancia y trasfondo, me quedo con la «privatización» sanitaria. Acaba de pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la Ley madrileña que permitía encomendar la gestión de varios hospitales a la iniciativa privada y la sorpresa ha sido mínima, al menos desde la lógica jurídica. La Sentencia ha dicho lo obvio: que la Constitución no lo impide.

Por si hay dudas conviene diferenciar lo que es «privatizar» en sentido coloquial, vulgar o pancartero, de lo que sería esa «privatización» en sentido jurídico, que es el que cuenta. Así un servicio público puede prestarlo directamente la Administración titular del mismo –en este caso la Comunidad madrileña–; también puede la propia Administración constituir su empresa como ocurre con el transporte urbano: por ejemplo, las empresas municipales de transporte son sociedades mercantiles pero de entera titularidad municipal. O puede hacerlo indirectamente, es decir, que sin dejar de ser público ni de su titularidad, encomienda esa gestión a una entidad privada previo concurso y adjudicación; el servicio y su titularidad siguen siendo públicos, luego no se privatiza. Esto es lo que la ley madrileña hacía, pero, repito, no con la totalidad del servicio público de salud sino con algunos hospitales.

Como digo no ha habido sorpresas porque, en cuanto a lo que se llama el modelo económico, la Constitución ni es enteramente capitalista ni enteramente socialista; alumbra una suerte de sistema mixto: un aspecto más de su «sabia ambigüedad». Esto permite que la asistencia sanitaria, como prestación del sistema de la Seguridad Social, pueda gestionarse de esa forma, sin merma de la acción protectora y de los derechos de los beneficiarios. Lo relevante es que el que hubiera sido adjudicatario de ese servicio habría dispuesto sólo de la gestión, nunca de la titularidad ni del poder de dirección del mismo.

Hay un aspecto en el que la Sentencia sí anula la ley madrileña, aquél en el que otorgaba preferencia para la adjudicación a las sociedades de profesionales, compuestas íntegra o mayoritariamente por profesionales del Servicio Madrileño de Salud, es decir, que más de uno de los que salieron a la calle con su bata podría haber sido adjudicatario del servicio. Eso se anuló, precisamente porque con esa preferencia favorecedora de un tipo concreto de adjudicatario del servicio –en ese caso los propios profesionales del servicio constituidos en sociedad– se quiebra el principio de igualdad en los concursos públicos, sin que cuente la mejor oferta económica o financiera.

¿Va a cambiar algo?, no lo sé. Ya se ha criticado con reiteración que algunos partidos que se opusieron a la ley madrileña, allí donde gobiernan, sí han optado por esta gestión indirecta, con lo que la conclusión es sencilla: todo es cuestión de lucha política y de empleo de eslóganes fáciles que exciten el espíritu colectivista que algunos llevan dentro. Pero queda sin responder lo básico: ¿habría sido esa gestión más eficaz?, ¿se habría logrado un servicio de mayor calidad? Eso es lo decisivo. No soy un firme creyente de que la gestión privada, por principio, sea mejor: quiero hechos y basta ver la creciente e indignante suciedad de las calles madrileñas para juzgar cómo acaban algunas privatizaciones; en teoría lo mejor, en la práctica un desastre.

Quien promovió la «privatización» sanitaria no se da por aludido de su victoria jurídica. En ésta como en otras cuestiones se ventila si hay ideas claras, convicciones o se es un mero gerente «de lo que hay» que no quiere jaleos. Si entiende que la gestión privada gestionada es mejor debería hacer valer con empeño su opción, demostrarlo con las calles limpias y no amilanarse. Es un sinsentido que un partido liberal-conservador siga engrosando su lista de renuncias –e incumplimientos– por cálculos electorales, sin convicción de que sus opciones son mejores. Al final las calles sin barrer.