Puigdemont contra las leyes

Las actitudes fascistas no son las mejores consejeras para la política en una democracia. España es una democracia moderna. De ahí que cada vez más decisiones del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, serían inaceptables en cualquier país de nuestro entorno, precisamente a los que ellos desearían equipararse.

El castigo a los medios de comunicación que no suscriban el proyecto separatista en forma de referéndum, y la Ley hecha pública el martes, aparece dictatorial. Es la forma de cubrir una ilegalidad –la consulta sobre la independencia– con otra ilegalidad, la de marginar a los disconformes con la comisión de un delito.

Con semejante panorama, no sorprende que el Govern de Puigdemont comienza a agrietarse. Por más que haya querido ocultarlas, las discrepancias se han revelado en el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, cesado fulminantemente por exponer sus dudas sobre la realización del referéndum. Como él hay algunos más.

En definitiva, Puigdemont ha decidido librar batalla contra la legalidad, sin tener en cuenta la debilidad que ello provoca y la nula garantía de éxito. La Ley y el Estado –todos los españoles– son almenas inasequibles desde el delito.

Los modos de la Administración nacionalista catalana no son democráticos desde hace tiempo. Se le ha permitido demasiado, sin importar a veces que vulnerara las leyes con reiteración. Así es la vida.