¿Se protege la propiedad intelectual?

El pasado fin de semana, LA RAZÓN anunciaba la posible inclusión de España en la vergonzante lista de países que no protegen la propiedad intelectual, todo ello en base a un preliminar informe de la IIPA. Más allá del estéril debate sobre la justicia de tal decisión, –si es que finalmente ocurriera–, lo que debe llamarnos la atención es la esencia del problema y plantearnos por qué sigue sin aparente solución.

A las puertas del balance que los distintos interesados puedan hacer del primer año de actividad de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y los resultados del Observatorio de la piratería, es obvio que la música, el cine, los videojuegos y el libro siguen ofreciendo resultados negativos de sus mercados tradicionales y apenas hay señales positivas del desarrollo de los nuevos modelos de negocio que en otros países vienen ofreciendo ya datos muy interesantes.

Los esfuerzos de las industrias culturales por acrecentar la oferta legal de contenidos son patentes pero estériles frente al «gratis total» dada la total impunidad de la que goza esta oferta.

El desarrollo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones configuraba un nuevo entorno que exigía la rápida adaptación de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual. Este era el planteamiento que llevó a la creación de una Comisión Interministerial en Abril de 2005; ¿recuerdan?, once ministerios, representantes de las comunidades autónomas, de la administración local, de las industrias afectadas,... dos legislaturas después, el Gobierno socialista era incapaz de aprobar la conocida como «Ley Sinde-Wert».

El Gobierno de Mariano Rajoy quiso, sin embargo, establecer un referente legal y una de las primeras medidas adoptadas fue la de aprobar el Reglamento de la citada Ley y poner en marcha la Comisión. Ese paso, sumado al impacto del cierre de Megaupload, inyectó cierto optimismo a las industrias de contenidos que se ha ido desinflando a medida que pasaban los meses y la actividad de la Comisión ofrecía resultados muy pobres. Lo cierto es que tras 8 años de discusiones y trifulcas irracionalmente violentas y trufadas de argumentos que nada tenían que ver con la búsqueda de un equilibrio razonable entre la libertad de Internet y los derechos de quienes hacen posible la industria cultural, éstos siguen claramente desamparados:

El marco normativo español no proporciona la tutela adecuada a la propiedad intelectual ni en el ámbito penal ni en el civil para hacer frente a la vulneración de estos derechos en Internet. La legislación de propiedad intelectual en nuestro país proviene de la Ley aprobada en 1987, cuando el desarrollo de las tecnologías digitales era aún muy incipiente. Aunque las directivas europeas han permitido actualizar algunos conceptos, una adecuación de la normativa a la evolución tecnológica facilitaría un desarrollo más ágil y sólido de los nuevos modelos de negocio. La aplicación de las leyes no es uniforme ni cuenta con el rigor exigible. La vigilancia e investigación que realizan las Fuerzas de Seguridad carece del respaldo judicial necesario. Y, por último pero no menos importante, el debate público evidencia una notable falta de sensibilización de la sociedad frente a la vulneración de la propiedad intelectual y una gran confusión que sólo favorece a los espabilados que cámara en mano graban las películas en los cines y las cuelgan en Internet para enlazarlas desde sus páginas financiadas con publicidad.

La actividad de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es esencial para crear las bases que sirvan para mejorar el resto de aspectos. En este sentido, es deseable que pronto cuente con los recursos necesarios para impulsar su actividad y ofrecer resultados como los que otros órganos administrativos han venido ofreciendo con notable eficacia.

El futuro de la Sociedad de la Información pasa, inexorablemente, por lograr equilibrar todos los derechos que están en juego. La industria que se fundamenta en el legítimo uso de los derechos de propiedad intelectual es generadora de riqueza y empleo. Y lo que está en juego es el interés de muchos trabajadores anónimos que ven peligrar su futuro laboral por culpa de la piratería.