Sin futuro

El Gobierno ha decidido modificar en el 2019 la manera de actualizar las pensiones, derogando la reforma que hizo el Partido Popular que limitaba las subidas al 0,25%. A partir de ahora, con carácter indefinido, los pensionistas mantendrán su capacidad adquisitiva.

La medida ya ha sido cuestionada por el Banco de España y por otros sectores económicos y políticos, alegando que un aumento de las pensiones de estas características responde a motivos electoralistas y es negativa dado el déficit que sufre el sistema.

Aumentar los ingresos de los jubilados no solo es una medida de solidaridad social, sino que resulta ser un buen estabilizador del consumo en momentos de fluctuaciones económicas, el problema del sistema de pensiones debe plantearse en otro marco.

Para afrontar el debate se suele recurrir al envejecimiento de la población. La previsión que hace el INE para el 2033 es que Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Aragón y Cantabria tendrán crecimientos negativos absolutos de su población.

Un análisis diferente de la economía española nos lleva a concluir que las diferencias en nuestro país ya no son tanto entre Norte y Sur como entre Este y Oeste. El corredor mediterráneo es el espacio de mayor crecimiento económico, mientras que la España más septentrional, en otro tiempo motor de desarrollo y símbolo de auge, se ha convertido en sinónimo de envejecimiento y despoblación.

Los jóvenes emigran buscando un trabajo y los mayores envejecen en pueblos y ciudades cada vez menos dinámicas, es la realidad de algunas regiones como Galicia, Castilla y León y Asturias, en donde el número de pensionistas alcanza la cifra del 25% de la población.

Además, en algunos casos, como Euskadi, las pensiones son muy elevadas como consecuencia del proceso de reindustrialización. La conclusión más habitual que se suele exponer es que una población en descenso y un sistema en el que los nuevos cotizantes tienen bases mucho menores que los jubilados actuales, es que el sistema es insostenible si no se transforma.

Pero las reformas no pueden ni deben centrarse en las alternativas privadas a los planes de pensiones públicos, debe entenderse España desde una perspectiva más amplia.

Deben explorarse simultáneamente tres líneas de propuestas. En primer lugar, debe abandonarse el mito de que el envejecimiento demográfico es el único elemento determinante del sistema de pensiones. El factor realmente decisivo es la productividad del trabajador. Abordar la transformación económica mejorando competitividad, mediante la mejora tecnológica y la rectificación del capital humano es el reto. La visión de la mejora de la competitividad mediante la bajada de salarios es cortoplacista, egoísta e inútil.

En segundo lugar, España necesita población inmigrante, las mejoras de la tasa de fecundidad y natalidad, así como la recuperación de población activa, no parece que vaya a tener solución exclusivamente con el crecimiento de la sociedad de origen español.

En tercer lugar, la mitad occidental española necesita un fuerte impulso para no quedar relegada definitivamente a depender de los estabilizadores automáticos como la prestación por desempleo, las subvenciones y las pensiones.

En este sentido y bajo el ideal de una Europa federal, deberían explorarse las posibilidades de una unión política confederal peninsular. La península tiene una situación geoeconómica tricontinental entre América Latina, África y Europa y el Corredor Atlántico relanzaría la España más débil.

Si estos tres ejes se comparten, ello significa que hay tres obstáculos que salvar: la política económica basada en la caída de coste salarial como elemento de mejora de competitividad, las posiciones xenófobas que empiezan a tener impacto, como se ha comprobado en Andalucía y los nacionalismos. Esto requiere un debate más allá del IPC.