Un Estado masoquista

El espectáculo internacional que estamos dando a cuenta del procés de las narices no lo firmarían Tanzania o Burundi. Unas instituciones por acción y otras por omisión, el caso es que unas cuantas están dañando el prestigio de España. Que unos payeses ocultasen con éxito las urnas al CNI es de aurora boreal. Que se informase compulsivamente al presidente que no habría referéndum y lo hubiera es para echarse a temblar si en lugar de un golpe de Estado más o menos pacífico hablásemos de un atentado yihadista. Que se aplicase un 155 de pitiminí te invita a preguntarte si para este viaje hacían falta semejantes alforjas. Que se convocasen elecciones de inmediato, sin tan siquiera esperar a la sentencia del Supremo, es una trampa de Sánchez en la que Rajoy jamás debió caer. Y que el Consejo de Estado haya apuñalado al Gobierno, y por ende al Reino de España, ratifica que lo que concebimos como ficción supera a la realidad con peligrosa frecuencia.

No imagino a un órgano consultivo estadounidense defendiendo los derechos del Estado Islámico a la par que propina un palo al Ejército que se bate el cobre sobre el terreno con la mismísima reencarnación de Satanás. Los que mandan en el Consejo de Estado no son precisamente ni el bueno de Romay ni el sabio Manzanares, sino Landelino Lavilla y los socialistas Ledesma y Fernández de la Vega. El jueves fueron a hacer daño al Gobierno pegando una patada a Rajoy en el trasero del Estado. Cómo será la cosa que, tal y como explicó LA RAZÓN, se olvidaron de informar a los consejeros no permanentes del demoledor dictamen que se iba a aprobar. Un despiste como otro cualquiera, cosas de la edad. Algo similar aconteció con el Yak 42 cuando, de repente, como por arte de birlibirloque, se aprobó en el «El País» (además de publicarse) un informe que tenía como objetivo triturar al Gobierno por Trillo interpuesto. Ahora sólo desde la mala baba se puede entender que se emplee un argumento tan falsario como formal para decir «no» al recurso del Gobierno a la investidura por plasma. Lo de la «impugnación preventiva» es una malvada imbecilidad como otra cualquiera porque ya hay un acto formal, el del presidente del Parlament, perfectamente recurrible. Menos mal que el Constitucional ha puesto las cosas en su sitio enmendando el ¿involuntario? favorcete que desde el palacete de la calle Mayor se había hecho a Puigdemont. Nunca vi un Estado tan masoquista.