La economía de la Defensa es una ciencia joven pero vigorosa que ofrece sus propias leyes a quienes no quieran apartarse de la realidad.

Israel ha desarrollado una industria tecnológica militar de primer orden, impulsado por su permanente situación de amenaza y la necesidad de garantizar su seguridad nacional. Esta estrategia ha convertido al Estado hebreo en líder mundial en innovación y exportación de sistemas de defensa avanzados.

España, en cambio, en su día, renunció a la investigación y al desarrollo de una industria militar propia, convirtiéndose así en un país dependiente de proveedores extranjeros para mantener sus capacidades de defensa. Entre estos proveedores destaca Israel, cuya tecnología avanzada, costes competitivos y acuerdos de transferencia tecnológica han permitido a la industria española mantener y actualizar sistemas críticos de las Fuerzas Armadas que, de otro modo, serían inaccesibles.

Sin embargo, esta relación se interrumpió abruptamente tras las operaciones militares de Israel que siguieron a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Como respuesta, el Gobierno español suspendió las relaciones comerciales en materia de defensa con Israel, tanto para exportaciones como importaciones.

Aunque el impacto de la suspensión de exportaciones desde España hacia Israel es marginal, la verdadera afectación se encuentra en la dirección inversa: la cesación de importaciones y transferencias tecnológicas desde Israel hacia España. Para Israel, estas ventas representan una fracción mínima de su industria; para España, en cambio, resultan cruciales, pues numerosos sistemas operativos de las Fuerzas Armadas dependen de esa tecnología. La interrupción de estos suministros compromete directamente la operatividad nacional y genera un riesgo estratégico significativo.

El denominado Plan de Desconexión Tecnológica del Gobierno implica costes económicos inmediatos derivados de la resolución de contratos en vigor, incluso aquellos en fases avanzadas de ejecución. Estas cancelaciones no solo obligan a pagar por bienes no recibidos, sino que además pueden generar un doble beneficio para la industria israelí, pues recibe compensaciones económicas por material no entregado, conservando además la posibilidad de vender esos productos a terceros países.

Para la industria española, las consecuencias son severas: muchas empresas que integraban componentes israelíes en sus sistemas quedan aisladas, lo que interrumpe cadenas de suministro y genera reclamaciones, litigios y exigencias de responsabilidad patrimonial al Estado.

El impacto operativo también es relevante. Gran parte del material militar español es de origen israelí y depende de contratos de suministro, mantenimiento y actualización con empresas fabricantes. La imposibilidad de renovar estos acuerdos provoca la paralización o el deterioro de los equipos, reduciendo la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y comprometiendo sistemas críticos para la defensa nacional.

Además, el perjuicio económico es doble: se pierden inversiones realizadas y se generan incertidumbres sobre futuras rendición de cuentas, que podrían derivar responsabilidades ante organismos como el Tribunal de Cuentas si no hay una causa jurídica válida.

Frente a esta dependencia, el Gobierno ha anunciado un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, que pretende sustituir la tecnología exterior por desarrollos nacionales o de terceros países. Sin embargo, experiencias pasadas muestran que esta estrategia puede resultar ilusoria a corto o medio plazo. Los precedentes en programas de adquisición evidencian que la opción nacional a menudo conlleva sobrecostes significativos, retrasos considerables y, en ocasiones, una disminución tecnológica notable.

Peor aún, algunos de los proyectos ahora asignados a empresas nacionales carecen de la solvencia técnica necesaria, ya que no cuentan con experiencia ni medios adecuados para afrontar programas de alta especialización y exigencia tecnológica. Esto perpetúa el riesgo de que las Fuerzas Armadas experimenten retrasos prolongados en la recuperación de capacidades y que, cuando estas lleguen, lo hagan con tecnología de menor nivel.

El coste humano y operacional de la decisión también es preocupante. La limitación de capacidades avanzadas reduce la seguridad, eficacia y supervivencia de las Fuerzas Armadas frente a potenciales amenazas. Paradójicamente, mientras España renuncia a su relación tecnológica y comercial con Israel, otros países como Marruecos fortalecen sus vínculos y acceden a capacidades que España ha descartado.

La ruptura de la cooperación tecnológica con Israel implica riesgos estratégicos, económicos y operativos significativos para España. Más allá de criterios políticos coyunturales, esta decisión exige una evaluación rigurosa de sus verdaderas consecuencias, pues afecta directamente a la Defensa Nacional y a la seguridad de quienes la garantizan en primera línea.

La dependencia de España respecto de la tecnología israelí evidencia la vulnerabilidad de una desconexión precipitada. Los proyectos de sustitución, ya sea mediante desarrollo nacional o cooperación con terceros estados, afrontan obstáculos notables en costes, plazos y capacidades técnicas.

Ello demuestra que la política de Defensa no puede separarse de la estrategia tecnológica y que decisiones sin la debida planificación comprometen tanto la operatividad de las Fuerzas Armadas como la Seguridad Nacional.

Tomás Torres Perales Comandante de Caballería y abogado. Academia de Ciencias y Artes Militares