El desguace de la nación debe acabar

Un día después del estrambote parlamentario protagonizado por el Gobierno y sus socios en el Senado durante el debate sobres los decretos clave y la amnistía de los encausados por el procés y toda la larga lista de afectos al prófugo de Waterloo, los estragos de la capitulación de Pedro Sánchez ante el chantaje de Junts han confirmado la certeza de que se enfila una legislatura con el Gobierno más débil de la democracia y que esa misma vulnerabilidad sumada a la ambición de poder desbocada convierten al presidente en alguien capaz de firmar casi cualquier compromiso con tal de evitar que el pueblo soberano dicte sentencia en las urnas con toda la información disponible una vez conocidos sus reales propósitos. El esperpento de un pleno circense, en el que se alteraron y se burlaron buena parte de los fundamentos de la integridad parlamentaria, ha supuesto una embestida a los pilares de nuestro marco jurídico en otro giro regresivo de incierto futuro, nocivo en todo caso para la libertad, la igualdad y la seguridad de los ciudadanos. La transferencia de las competencias migratorias, capitales para toda nación que se reivindique como tal, que son exclusiva del Estado, según mandato de la Carta Magna, constituye por sí sola una declaración de intenciones que nos aboca con toda seguridad a un conflicto y un enfrentamiento de alcance desconocido que disparará la crispación ya muy elevada. El desatino provocado por la desesperación de los socialistas deja en manos de grupos de marcada ideología y ejecutoria xenófoba y supremacista asuntos como el permiso de residencia, la lengua, las fronteras y el control de «los flujos migratorios», según la versión de los de Puigdemont, que supone fabricar «una nación de facto», como ha definido a la perfección la presidenta Díaz Ayuso. Se ha hecho además de espaldas al resto de territorios españoles, afectados todos ellos por un fenómeno global que requiere coordinación y respuestas centralizadas, amén de la solidaridad del Estado, y de las autoridades europeas, a las que el Gobierno tendrá que explicar este despropósito que se aparta del espíritu comunitario que alienta la unión y no la disgregación en las políticas de extranjería y flujos. Pero sobre todo este sistemático desguace de una de las naciones más antiguas del mundo se está perpetrando contra el pueblo y sin el pueblo, que no ha sido consultado, sino, al contrario, ha resultado la víctima de un engaño alevoso. Llegados a este punto, entregadas todas y cada una de las demandas del prófugo y el resto de los enemigos del país, rendida la Constitución que nos iguala en derecho y deberes y que se erige como parapeto frente al despotismo, la desintegración del proyecto común representa el desenlace lógico. Pese a todo, España es fuerte y de los españoles depende plantar cara a quienes amenazan sus derechos y la democracia en pleno. Feijóo ha anunciado una ofensiva «sin cuartel» en todos los frentes contra un gobierno humillado y fallido, también en la calle. Es un camino apremiante.