La dictadura del pensamiento único tiene prisa

No se confunda el lector si piensa que me estoy refiriendo a Venezuela o Cuba. No, me refiero a la cada vez más evidente dictadura sanchista que nos mal gobierna hoy en España. Ayer fue el relevo de fray Santiago Cantera, obstáculo principal para los sacrílegos y masónicos planes de profanación y destrucción del Valle de los Caídos, y hoy sus intenciones de acallar toda voz disidente de la «verdad oficial» sobre la figura de Francisco Franco y los 40 años de su gobernanza.

Sí, el Sr. Sánchez y sus monaguillos, Bolaños, Urtasun o Torres, tienen una acuciante prisa, y no menos desvergüenza, para, de una parte, desviar la opinión pública de los principales problemas de la sociedad española y, de otra, tapar toda la corrupción moral, económica y social que les rodea. Y nada más oportuno para ello que incorporar a la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, que se dilucida estos días en el Congreso, una enmienda transaccional, dando a la Fiscalía General del Estado la capacidad de disolución de asociaciones franquistas, pudiendo actuar de oficio cuando detecte delitos contra derechos fundamentales. Pues vaya novedad, toda vez que ya la legislación vigente contempla la posibilidad de que una asociación sea declarada ilegal si se demuestra que su estructura organizativa es utilizada como base para la comisión de delitos. Aquí, la novedad radica en que los ideólogos del pensamiento único pretenden tipificar como actividades delictivas todas aquellas que manifiesten una verdad histórica que se oponga a la suya. Sectarismo en estado puro. A ver, yo entiendo que la figura de Francisco Franco no le resulte simpática ni agradable al socialismo marxista, a los nacionalistas y a los comunistas que perdieron la guerra civil, en gran medida por ellos provocada, pero de ahí a pretender que no se puedan ni leer ni estudiar las realizaciones de la etapa histórica que protagonizó, media un trecho inasumible en un Estado que se denomina democrático y de derecho.

No soy jurista, y aún menos experto en derecho constitucional, pero sé leer e interpretar. Así, leo que la Constitución establece en su capítulo segundo, en diferentes artículos, que se garantiza la libertad ideológica y los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio. Y también el derecho de asociación. A santo de qué, entonces, este Gobierno pretende privarnos a mí y a quienes piensan diferente que ellos de esos derechos fundamentales que la Constitución establece.

Pues bien, y pese a lo que acabo de exponer, la Comisión Constitucional del Congreso está en vías de aprobar –aprobará sin duda– la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación para poder disolver asociaciones franquistas a su antojo, saltándose a la torera preceptos constitucionales como los antes expuestos. Les da igual. Al fin y al cabo ya sabemos quién controla el Tribunal Constitucional y de quién depende la Fiscalía General del Estado. Ya lo he dicho: nos encontramos ante la dictadura del pensamiento único marxista, sanchista.

Eso sí, pese a que sus deseos sean otros, el texto que tanto esta ley como la previa de memoria democrática introducen establece que «la apología del franquismo podrá ser considerada delictiva sólo cuando concurra menosprecio y humillación de las víctimas o incitación directa al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales». Y por mucho que refuercen la realidad ad nauseam, difícilmente encontrarán en una de esas asociaciones que denominan «franquistas» desprecio o humillación a ninguna víctima, porque, a diferencia de otros, nosotros respetamos. Algo que yo sepa ni está contemplado ni se lleva a cabo en ninguna asociación de las denominadas franquistas que yo conozca. Por mi parte, sigo confiando en que los tribunales españoles estarán a la altura de la independencia que se les supone. Cualquier intento de disolución tendrá un recorrido muy corto mientras quede algún retal del estado de derecho.

Por añadidura, diré que esta ley a la que se alude hoy está relacionada con asociaciones y no con fundaciones, lo que puede dar lugar a engaño, pues fundaciones como la Fundación Nacional Francisco Franco no tienen por qué verse afectadas. No nos engañemos. Da igual; el objetivo es el mismo.

Y ya termino, no sin reflejar y manifestar que el pueblo español, sea de la ideología que sea, tiene que ser consciente de que lo que está en juego no es la pervivencia de esta o aquella asociación o fundación, sino la esencia misma de la libertad de opinión, pensamiento o reunión. Esos que la Constitución española consagra como derechos fundamentales y que ahora unos señores a los que sólo les acompaña el odio y el sectarismo nos quieren arrebatar.

Lamento darle un disgusto a este Gobierno pseudomarxista, pero ya deberían saber que podrán disolver, ilegalizar o extinguir todo aquello que no les guste, pero nunca, jamás, podrán ni disolver ni ilegalizar las ideas ni los pensamientos agradecidos de millones de españoles que recuerdan y recordarán a Francisco Franco.

Juan Chicharro Ortegaes General de División de Infantería de Marina (R).