No diga impune, diga socialista

Aunque parezca mentira, hubo tiempos en los que la esclavitud era la cosa más normal del mundo, en los que las agresiones sexuales salían gratis total penalmente hablando en virtud del derecho de pernada y en los que el robo se pasaba por alto dependiendo de la identidad del amigo de lo ajeno. Si pertenecías a eso que daban en llamar «señores», las posibilidades de resultar condenado oscilaban entre cero y ninguna. Se llamaba feudalismo. Y se extendió por toda la Edad Media. Pensábamos que nuestros ojos jamás contemplarían episodios semejantes en la España del siglo XXI pero olvidamos, ingenuos de nosotros, que la historia se repite de tanto en cuando. Algo de eso está pasando tras el resurgimiento del guerracivilismo por obra y gracia de Pili Sánchez y Mili Zapatero. Un guerracivilismo, con infinitos resabios de feudalismo y caciquismo, que implica que uno puede hacer lo que le venga en gana porque él, ella o elle lo vale y porque es «uno de los nuestros». Un guerracivilismo que está resucitando los peores atavismos de ese feudalismo light que representó el caciquismo.

El caso de los ERE contiene ingredientes de algunas de esas etapas de nuestra convulsa historia que no son precisamente para presumir. Es el más bestia, cuantioso y cantoso escándalo de corrupción del devenir de una nación, la segunda más antigua de Europa, todavía llamada España. La cantidad de dinero público distraída habla por sí sola: 680 millones de euros. Son los líderes del trinque patrio, naturalmente, con permiso de los Pujol, el clan liderado por Don Jordi cuadruplica el saqueo perpetrado en la Junta de Andalucía bajo la dirección colegiada de dos pedazo de delincuentes llamados Chaves y Griñán. El primero está condenado en sentencia firme a 9 años de inhabilitación por permitir el robo indiscriminado de fondos públicos teóricamente destinados a aliviar la situación de los parados andaluces pero que en un elevadísimo porcentaje terminaron en los bolsillos de cientos de desaprensivos, cuando no se empleaban para irse de prostitutas o para meterse media Colombia por la nariz. El segundo, que comandó la Consejería de Economía que libraba los fondos, resultó peor parado: le cayeron seis años de prisión por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación. Han pasado casi 700 días desde que el Supremo convirtió en firme la sentencia de la Audiencia de Sevilla y Griñán no ha visto el hotel rejas más que en las series de Movistar o Netflix. Los seis años se han convertido en cero en virtud de un presunto cáncer que a Eduardo Zaplana o a Manuel Prado no les eximió del ingreso en prisión. No contentos con la impunidad de «el tal Griñán» –así le bautizó la prensa cuando Felipe González lo nombró ministro de Sanidad–, ahora la bula se extiende a Magdalena Álvarez, alias Maleni, a la que metieron nueve años de inhabilitación por idéntica golfería.

Que España es ya, por derecho propio, uno de esos países bananeros a los que nadie presta atención porque no tienen remedio lo demuestra el hecho de que Pedro Sánchez anticipó dos semanas la sentencia del Constitucional que escandalosamente repone la honorabilidad a Maleni. El fallo ha sido redactado por una Inmaculada Montalbán que no se sonrojó cuando recibió la Medalla de Oro de Andalucía de manos del propio Griñán y que ahora tampoco se pondrá cien veces amarilla tras esta ignominia en forma de resolución judicial. Que esto es cualquier cosa pero en absoluto una democracia lo certifica más allá de toda duda razonable otro alarmante hecho: el Constitucional ejerce de Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Purita Edad Media. Asqueroso feudalismo.