Hacia una economía estatalizada

A estas alturas del enredo de la investidura de Pedro Sánchez, desconozco cuál va a ser el desenlace, pues aunque hay informaciones escritas en catalán que apuntan en un sentido afirmativo, también están los susurros en euskera que señalan todo lo contrario. Y está además la incógnita de un Podemos que se está quedando compuesto y sin novia. Pero en medio de esta incertidumbre lo que sí asoma con fuerza es que, si el actual inquilino de la Moncloa revalida su alquiler, en la próxima legislatura el gobierno tratará de avanzar con fuerza en la estatalización de la economía. Lo ha evidenciado el acuerdo entre el PSOE y Sumar, y lo señalan los mensajes que ya se emiten al respecto –tal vez, señalémoslo, porque si aquello falla estos señalamientos acogen claros mensajes electorales para enero–.

En la economía la incertidumbre –ese «velo impenetrable», como dijo Keynes, y ajeno a cualquier intento de adivinación– es quizás el elemento más temible cuando, con nuestras decisiones actuales, tratamos de aventar el futuro. Para el economista británico, constituía el preludio de la recesión y el desempleo, pues el miedo a lo desconocido retrae el consumo y, sobre todo, la inversión. Y en eso estamos ahora con los mensajes estatistas que cabalgan a lomos del pretendido «gobierno progresista» que Sánchez lidera, aún a pesar del optimismo que exhibe su cada día más desacreditada ministra de Economía, Nadia Calviño. Lo ha mostrado con concluyente claridad Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, al retirar de un plumazo sus más modernos proyectos de inversión energética –con más de 3.000 millones de euros en juego– ante la ausencia de «un entorno regulatorio previsible». Y también se lo ha dejado meridiano, aunque envuelto en su acostumbrada discreción, Amancio Ortega, negándose a secundar la pretensión de la Sepi de estatalizar una parte del capital de Telefónica bajo el eufemístico propósito de «reforzar la soberanía española» sobre la compañía. Estos ejemplos señalan lo desacertado de la política industrial del gobierno sanchista, donde se confunde la potenciación del sector manufacturero –necesaria para sacar a España del pozo del estancamiento de su productividad– con el control estatal de las grandes empresas. Tomen nota quienes aún deshojan la margarita de la investidura.