Arranca la equiparación salarial

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó ayer por escrito a los representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil una primera propuesta para la equiparación salarial de los hombres y mujeres de las Fuerzas de la Seguridad del Estado con los Mossos d’Esquadra. Se trata, pese a las cautelas a las que luego nos referiremos, de un paso importante, puesto que no sólo cuantifica por primera vez la inversión presupuestaria –hasta 1.500 millones de euros en tres años–, sino que establece una «mesa técnica» que debe clarificar el catálogo profesional de puestos de trabajo en la Policía Nacional y la Guardia Civil, que es, también, una de las permanentes reivindicaciones de estos servidores públicos. Es, en definitiva, una buena noticia, en la medida en que reafirma el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar un agravio comparativo intolerable, y para LA RAZÓN, que ha sostenido editorial e informativamente las reivindicaciones de policías y guardias civiles, supone, en cierto modo, el reconocimiento a los esfuerzos en la mejora de la sociedad y defensa de los derechos fundamentales que tienen encomendados, entre otras funciones, los medios de comunicación. En principio, nos parece adecuada la propuesta del Ministerio del Interior de proceder a la equiparación salarial a lo largo de los próximos tres ejercicios presupuestarios, con independencia de que una sustancial mejoría en la economía española pudiera acortar los plazos, y somos conscientes de que, a partir de ahora, la Administración y los sindicatos tendrán que abordar unas complejas negociaciones para articular técnicamente los acuerdos. En cualquier caso, y pese a la negativa experiencia de los años 1992 y 2004, en los que el Gobierno de turno incumplió la palabra dada a los agentes, confiamos en la voluntad del Gobierno y estamos seguros de la que la sociedad española, que tomó conciencia de la indignidad de la situación a raíz de la crisis en Cataluña, no perdonaría un nuevo incumplimiento. Existen, sin embargo, algunas cuestiones previas que deberían quedar aclaradas lo antes posible. Nos referimos a la intención declarada en el documento ministerial de que se sustituya «cualquier derecho de carácter sociolaboral que no tengan reconocido los mossos por aquellos que éstos sí tengan», que, en el mejor de los casos, supondría la pérdida por parte de los guardias civiles de derechos adquiridos desde la fundación del Cuerpo en el siglo XIX y que, como la vivienda en la casa-cuartel, conformaron el espíritu de la Benemérita e hicieron de la Guardia Civil el primer éxito en la lucha contra la delincuencia rural y el bandolerismo que asolaba las tierras de España. Considerarlo ahora un simple «complemento salarial» nos parece un sinsentido y un desprecio a una trayectoria secular. Lo mismo reza para otras ayudas sociales, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, que responden a situaciones específicas de las características del servicio, naturaleza del despliegue territorial o causas sobrevenidas de la penosidad y riesgo de un trabajo que exige un gran espíritu de sacrificio y voluntad de servir a los ciudadanos. Nada sería más decepcionante que los agentes tuvieran que reclamar en los tribunales el respeto a los derechos adquiridos que ampara a cualquier trabajador. Por último, y no es cuestión menor, aunque lo lógico en la defensa del interés general de la nación es que el PSOE facilitara la aprobación de los PGE, no debería condicionarse a esa circunstancia la equiparación salarial. En caso de prórroga presupuestaria el Gobierno podría habilitar créditos extraordinarios para, al menos, comenzar a corregir demasiados años de desigualdad y promesas incumplidas.