Cataluña necesita un presidente serio

Dos meses después de las elecciones autonómicas catalanas, el único acuerdo que los partidos independentistas han alcanzado para formar gobierno es la propuesta de candidatura del segundo de la lista de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sánchez. De momento. El inconveniente para acceder al cargo y, con toda probabilidad, el motivo último de llevarlo a la presidencia de la Generalitat, es que su situación legal es de preso –condicional– en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Después de convencer a Puigdemont de que no podía ser presidente residiendo fuera de España y dirigir el gobierno de Cataluña desde Bruselas o Waterloo, el único avance producido es que alguien que está encausado por sedición y rebelión se ponga al frente de la Generalitat. El plan de Sánchez es solicitar un permiso penitenciario para asistir a la sesión de investidura, aunque después tuviese que regresar a la cárcel y ejercer desde ahí su función. El objetivo no se diferencia mucho del de Puigdemont y todo indica que persisten en mantener el pulso al Estado, seguir con el plan de ruptura y situar a las instituciones de autogobierno en la inestabilidad permanente. Con toda probabilidad, el juez Pablo Llarena, que es el magistrado que instruye la causa contra los dirigentes del golpe separatista, denegará la solicitud del permiso de salida basándose en un argumento: dado su papel en el entramado de organizaciones que han dirigido el «proceso» y como presidente de la ANC que fue existe riesgo de reiteración delictiva, además de posibles incidentes cuando acuda al Parlament. Aplicar para este caso la llamada «vía Yoldi» no se ajusta a la realidad y no es deseable seguir comparándose con un miembro de ETA que tuvo el permiso del TSJ de Navarra para salir de la cárcel, en 1987, para pronunciar su discurso de investidura como candidato a lendakari. Aquella decisión se corresponde a otro momento y es evidente que su misión era estrictamente propagandística en una guerra sin cuartel de una banda terrorista contra el Estado. No es deseable si lo que se busca es apaciguar un enfrentamiento que se extiende demasiado en el tiempo y cuando existe la fórmula de delegación de voto, lo que no alteraría la voluntad de la Cámara y no variaría la aritmética parlamentaria, que es lo fundamental. Desde el punto de vista legal no hay salida, como el propio Jordi Sánchez dejó claro en su acatamiento de la Constitución y su renuncia a la declaración unilateral de independencia. Existe, por otra parte, un factor político de enorme importancia si la situación política en Cataluña quiere reconducirse al marco estatutario y constitucional. El que era presidente de la ANC se había convertido en la figura central durante los incidentes del 20-S, cuando los manifestantes convocados por dicha asociación quisieron impedir a agentes de la Guardia Civil en misión de policía judicial incautar documentos en la Consejería de Economía de la Generalitat. Fue la persona clave, como demuestran sus comunicaciones con el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y como también lo fue durante el 1-O como pieza central en la movilización. Optar por un candidato sobre el que recaen graves acusaciones, supondría apostar por la inestabilidad. Si la estrategia de llevar a Sánchez sirve para abrir la opción que junto a un presidente «efectivo» –aunque procesado– se abre la posibilidad de otro presidente «simbólico» –también procesado y huido en Bélgica– está claro que Cataluña seguirá en una situación de bloqueo, sin un gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos.