Destitución obligada

El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, no parece tener muy clara cuál es la función de su cargo a tenor de sus declaraciones sobre la consulta separatista promovida por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Afirma el fiscal lo obvio: que no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia pero, en lugar de mantener el decoro que exige su cualidad de servidor de las leyes y del orden constitucional que conforma nuestro Estado de Derecho, se permite el desahogo de especular sobre las posibles vías alternativas para orillar la ley, tanto en su espíritu como en su forma. Llega a proponer que se utilice la ley de consultas, con preguntas «de otro estilo», y dice, textualmente, que con ese subterfugio «es donde se puede posiblemente jugar». Martín Rodríguez Sol, funcionario del Ministerio de Justicia de España, respalda igualmente la falacia del «derecho a decidir» –« Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general a cualquier pueblo»–, en flagrante contradicción con nuestra Carta Magna, que no puede ser más clara y específica en ese punto, por cuanto establece que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Es intolerable que un representante de un órgano constitucional, como es la Fiscalía de Cataluña, que tiene encomendada, entre otras funciones, la promoción de la justicia en defensa de la legalidad, se posicione en defensa de una actitud o intención que ataca a la propia Constitución. Un funcionario, además, que tendría que proceder contra los promotores de una consulta ilegal. Ni siquiera puede justificarse su actitud en la férrea presión política que, desde hace años, ejerce el nacionalismo sobre el cuerpo social catalán. Lo más adecuado sería que el señor Martín Rodríguez Sol, que fue uno de los invitados a la parodia de la cumbre anticorrupción de Artur Mas, presentara su renuncia con carácter inmediato. De no producirse así, el Gobierno está obligado a destituirlo. Otro caso preocupante es el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, que también estuvo invitado en la citada cumbre anticorrupción, que ha declarado que la consulta separatista puede ser viable «con una interpretación amable de la Constitución». No creemos que el magistrado Gimeno sea partidario de una «interpretación amable» del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la hora de tratar los numerosos casos de corrupción y espionaje que afectan a CiU y al PSC en Cataluña; entre ellos, la colusión de un diputado convergente con la mafia rusa, y que deben pasar por su tribunal. Parece mentira que haya que recordarle a un profesional de la Justicia que los principios fundamentales de un ordenamiento constitucional no están sujetos a interpretaciones, «amables», o no.