El calvario de una familia

El asesinato de la joven Marta del Castillo no sólo ha estremecido a la sociedad por el cinismo y la crueldad de los culpables, sino que ha puesto de relieve las limitaciones y las carencias de la Justicia española ante la estrategia procesal de un frío delincuente. Ayer, en LA RAZÓN, el padre de la infortunada víctima, Antonio del Castillo, relató diversos aspectos relacionados con el calvario vivido por su familia que, cuatro años después de ocurridos los hechos y tras tres sentencias judiciales –la última del Tribunal Supremo– aún desconoce cómo se produjo la muerte de su hija, que tenía 17 años, y dónde se encuentra su cadáver. Un sufrimiento que los magistrados del Supremo reconocieron al aumentar la condena del principal encausado, Miguel Carcaño, por daños morales. Este caso, que todavía permanece vivo gracias a la tenacidad de la familia de Marta, respaldada moralmente por la inmensa mayoría de los españoles, ha contribuido positivamente, sin embargo, a alimentar el debate sobre la necesidad de revisar algunos aspectos del Código Penal, de la Ley del Menor y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, argumentos recogidos por el actual Gobierno y que se verán plasmados en la reforma que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Dos de las modificaciones parecen fundamentales y, de haber estado en vigor cuando ocurrieron los hechos, el crimen de Marta del Castillo hubiera podido tener un desenlace muy diferente. Nos referimos a la prisión permanente revisable, que, aplicada al asesino confeso, bien pudiera inclinarle a decir la verdad de una vez y a confesar el paradero del cuerpo de la niña, so pena de ver alargada en muchos años su permanencia en prisión; y a la norma, aún en proceso de discusión jurídica, por la que los menores implicados con otros mayores de edad en un delito criminal puedan ser juzgados en el mismo procedimiento, aunque las penas a cumplir estén tasadas por su condición de menores. De esta forma, se evitarían las discrepancias judiciales que se han visto en este caso, cuando Javier García, alias «El Cuco», fue condenado en juicio aparte por un delito menor de encubrimiento, que se contradecía ciertamente con el relato de hechos probados de la Audiencia Provincial de Sevilla y se facilitaría la instrucción judicial. Son reformas necesarias, demandadas por una sociedad que ha visto demasiadas veces cómo criminales de la peor calaña no reciben el castigo que merecen y que, en el caso de los menores, con «El Cuco» ya en la calle, por referirnos al asunto que nos ocupa, producen perplejidad. El crimen de Marta del Castillo, como el de Sandra Palo, la pequeña Mari Luz y el rosario de víctimas del terrorismo etarra, debe servir, al menos, para que se acelere la reforma legislativa en busca de una mayor protección de las víctimas.