El problema de UGT se agrava

Con la detención de 14 personas, entre ellas el ex tesorero hasta 2013 de UGT- Andalucía y otros dirigentes sindicales, se da un nuevo paso en las diligencias emprendidas el pasado mes de diciembre en relación con las facturas falsas emitidas por empresas y empleados del sindicato que fueron abonadas por la Junta de Andalucía. Dentro de una operación de la UCO se realizaron registros en empresas, domicilios particulares y dependencias sindicales de Sevilla, Jaén y Madrid. Se trata de un capítulo más en la investigación sobre el fraude en los cursos de formación de UGT, que ha dejado en evidencia a la organización liderada por Cándido Méndez y la sitúa como sospechosa de una verdadera red de oscuros intereses, como apuntan las investigaciones judiciales. Hasta ahora, la dirección del sindicato había considerado que estos supuestos casos de corrupción eran anomalías administrativas puntuales que sólo afectaban a Andalucía, por lo que no era ni necesario ni urgente tomar medidas rigurosas. Esos casos fueron definidos como «errores subsanables». Pero, vistos los resultados, no se han subsanado. Hasta que Méndez no vio con sus propios ojos el bochornoso caso de 700 maletines de imitación comprados con fondos de la Junta para regalar a delegados de un congreso, no fue destituido el secretario general de la organización andaluza, que siempre negó la existencia de facturas falsas. No sólo no se han subsanado las irregularidades, sino que han salido a la luz los métodos ilegales empleados, realizados con la impunidad propia de una organización sin control alguno en su administración y contabilidad. Desde luego, la investigación interna que prometió el sindicato no ha dado resultados, o no se ha realizado con el celo necesario o sólo ha servido para tapar escándalos mayores. La realidad es que la fiscal jefe de Sevilla adjudicó a la jueza Mercedes Alaya la investigación de ayudas por 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Los agentes de la OCU no descartan más detenciones. La Junta de Andalucía dijo ayer que, dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos en el caso de las facturas falsas, decidirá personarse como acusación particular. Su duda sólo demuestra una equidistancia que ha favorecido una permisibilidad en casos como el de los ERE o ahora el de las falsas facturas. No sólo debería personarse como acusación particular, sino ejercer un mayor control sobre un sindicato que recibe fondos millonarios del Gobierno andaluz. UGT vive un momento crítico que afecta a su credibilidad y capacidad para defender, como así se propone, los intereses de los trabajadores. España necesita la regeneración de un burocratizado y oscuro sistema sindical.