El PSOE hizo imposible otro acuerdo

No deberían mezclarse demagógicamente la naturaleza del sistema fiscal que rige en el País Vasco con el acuerdo presupuestario que han firmado el PNV y el Gobierno de la nación. En efecto, una cosa es poner en cuestión la singularidad económica vasca y navarra, reconocida en sus estatutos de autonomía, con un sistema recaudatorio propio, y otra muy distinta es abordar las habituales diferencias de criterio sobre la financiación que presiden las discusiones entre las distintas comunidades autónomas y el Ejecutivo central. Es decir, si lo que se pretende es poner en duda la legitimidad del llamado «cupo» y uniformizar el sistema fiscal de vascos y navarros con el del resto de los españoles, opción tan legítima como puede ser la contraria, hay que señalar que ni es el momento ni es el procedimiento adecuado, puesto que tal vía exige una reforma constitucional para la que no parece existir el mínimo consenso. En realidad, lo que se ha tratado con los nacionalistas vascos tiene tantos precedentes como reclamaciones de «deudas históricas» y protestas de infrafinanciación. Es lo que han hecho los gobiernos de la mayoría de las autonomías cada vez que se ha hablado del reparto de los presupuestos, con el agravante de que las reclamaciones del Gobierno de Vitoria sobre el desequilibrio fiscal no son de ahora, sino que tienen su origen en 2007, con el anterior Ejecutivo socialista. Ciertamente, no se trata ahora de discernir a quién le asistía la razón hace diez años, entre otras cosas, porque en las actuales circunstancias políticas sería un ejercicio inútil. El PNV, como otras formaciones políticas en su situación, ha hecho valer sus cinco escaños en el Parlamento nacional para obtener la mejor financiación posible de su territorio. El Gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, se ha asegurado un respaldo imprescindible a los Presupuestos Generales del Estado y, sería absurdo negarlo, ha puesto fin a una década de litigios sobre el «cupo vasco», que no hacían más que alimentar el victimismo nacionalista. Por supuesto, la negociación podría haber terminado en otros términos, tal vez más cercanos a la equidad entre las dos posiciones, si el principal partido de la oposición, el PSOE, hubiera actuado en el asunto de los PGE con la misma responsabilidad de Estado que exhibió en la aprobación del techo de gasto o en la investidura del presidente del Gobierno. Sin embargo, no ha sido así y el asunto no tiene más recorrido ni otra lectura que no sea la propia de una negociación sobre el reparto del gasto público. En este sentido, convendría al interés general que los socialistas cambiaran de actitud cuando se trate de afrontar la reforma del actual sistema de financiación autonómica, cuya dificultad a nadie se le escapa. Por otra parte, no se puede obviar la trascendencia que tiene para la estabilidad de España y el proceso de recuperación económica el hecho de que los nacionalistas vascos presten su apoyo a los Presupuestos de 2017. Es cierto que, dado lo avanzado del ejercicio, éstos sólo podrán aplicarse parcialmente, pero lo fundamental es que son susceptibles de prorrogarse para el año 2018, con lo que el Gobierno de Mariano Rajoy gana margen de maniobra, tanto en el plano político interior, como en nuestras relaciones con el resto de los socios comunitarios en pleno proceso negociador del Brexit. Lo lógico sería que el próximo ejercicio fiscal viera una repetición del acuerdo presupuestario alcanzado por el PP con Ciudadanos, los grupos canarios, el PNV y UPN, pero la dinámica política que impone un Gobierno en minoría parlamentaria y la, para entonces, proximidad de las elecciones no permite descartar ningún escenario.