Es la hora del cambio en Andalucía

Juan Manuel Moreno Bonilla fue elegido ayer séptimo presidente de la Junta de Andalucía. En sí mismo no supondría una novedad destacable, a no ser por el hecho de que será el primero que ocupe el Palacio de San Telmo que no es miembro del PSOE. No es un dato menor en la nueva composición del mapa político español, su fragmentación y en la irrupción de dos nuevas fuerzas que, a izquierda y derecha, comparten algo de mismo populismo alto en contenidos ideológicos. Que el PP consiga la presidencia de la comunidad que ha sido definida como el «granero de votos» socialista explica mucho de la transformación sociológica de Andalucía, por un lado, y del agotamiento de su proyecto, por otro. La construcción de una nueva mayoría de gobierno formada por PP y Ciudadanos –y el apoyo en la investidura de Vox– es un factor que habrá que tener en cuenta para entender que la izquierda no tiene una receta infalible para los graves desajustes económicos y sociales que tiene la región, como ha quedado demostrado después de 36 años gobernando. Pude decirse sin ninguna euforia que el cambio ha llegado a Andalucía y que ahora hay que darle forma con políticas concretas. Hay demasiado en juego como para malgastar esta oportunidad en malabarismos ideológicos y simbólicos, que tanto abundan en estos momentos de excesos dialécticos. Andalucía necesita en estos momentos salir de un corsé administrativo que de manera especial en las políticas económicas le estaba perjudicando. Se parte de un diagnóstico aceptado por todos: el peso económico de Andalucía no se corresponde con su potencial. Con 8,4 millones de habitantes, que supone el 18% del total de total de la población española, y un PIB que representa el 13,3%, que conviene recordar para no abundar en los tópicos del subdesarrollo, ocupa la tercera posición de las comunidades autónomas. Sin embargo, hay un problema estructural: la tasa de paro. El nivel de desempleo se sitúa en el 22,8%, ocho puntos más que la media, con un índice femenino del 27%. Hay 898.000 parados y más de trescientos mil hogares tienen a todos sus miembros sin trabajo. Pese a que la economía casi ha duplicado su tamaño desde el año 2000, hay datos que apuntan a un grave problema estructural: un 23% de los jóvenes que cursaron la enseñanza obligatoria en 2017 dejaron de estudiar. Por lo tanto, más pronto que tarde el debate político deberá centrarse en estos asuntos y dejar aparcados los indentitarios que tanto han marcado la política española en los últimos tiempos. El documento sobre el que se ha basado el acuerdo entre PP y Cs deberá concretarse lo más rápido posible en materia de impuestos (eliminar el 99% el de sucesiones y donaciones), bajada del IRPF y situarlo al nivel nacional (el de Andalucía es el más alto, al 21,5%), un sistema de financiación autonómica «justo y solidario», un sistema de formación de manera que los recursos estén en manos de los desempleados, una urgente modernización del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y una estrategia industrial (ahí está el ejemplo del polo aeronáutico en Sevilla o el químico en Huelva), entre otras medidas. En su despedida, la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, puso en marcha un alarmismo contra el centro derecha gobernante, invocando fantasmas históricos, por supuesto el franquismo, acusando de que la ley en contra el maltrato de género está en peligro e infundados aumentos de sueldos para los altos cargos. Siempre es aciago oír a alguien cuyo capital político está bajo cero invocando la memoria histórica y patrimonializando poetas y escritores –de Lorca a Machado pasado por Juan Ramón Jiménez y María Zambrano–, cuando forman parte de una cultura común andaluza y española. Sería un error que el PSOE se enrocase en un sectarismo estéril.