Fallo nefasto para España y Europa

El prófugo Carles Puigdemont no tendrá que pasar las próximas semanas en la cárcel de Neumünster. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein rechazó ayer el delito de rebelión en la petición de su extradición a España y acordó su puesta en libertad bajo fianza mientras estudiaba la entrega sólo por un presunto delito de malversación, que sí lo ve posible. Según los jueces, «los actos que se imputan no serían punibles en Alemania conforme a la legislación vigente» dado que el delito que podría ser equiparable, el de «alta traición», no puede aplicarse al no concurrir el requisito de la «violencia». Con esta decisión, la Audiencia discrepó del criterio de la Fiscalía General de ese Land que sí respaldó la entrega por rebelión y malversación cometidos en la celebración del referéndum del 1-O contrario a la Constitución pese a que se podían esperar disturbios violentos. El Ministerio Público alemán consideró que la actuación de Puigdemont tenía su equivalencia «en los artículos 81 y 82 del Código Penal alemán». Como en todo procedimiento, que las partes discreparan era una posibilidad porque cualquier fallo está sometido a la controversia. Aunque el recorrido de esta deliberación está por ver, incluido si es posible algún tipo de recurso, es obvio que el acuerdo de la Audiencia de Schleswig-Holstein es profundamente decepcionante. Debemos lamentar que no se haya impuesto el criterio del Ministerio Público ni el de la petición cursada por la Justicia española, que, a nuestro parecer, construyó una acusación sólida contra el jefe de la rebelión. Como hemos mantenido aquí, la instrucción del magistrado Pablo Llarena fue concluyente y consistente, a sabiendas de las dificultades que podía encontrar con los criterios manejados en los tribunales europeos ante conductas perfectamente tipificadas en el Código Penal español, pero expuestas a la particular interpretación en virtud de otros ordenamientos. Lo cierto es que, según el criterio de los jueces alemanes, el proceso insurreccional contra el ordenamiento constitucional en nuestro país debe sustanciarse con de cuatro a ocho años de prisión y de diez a veinte de inhabilitación para el principal responsable de haber arrumbado los principios democráticos hasta extremos desconocidos en este siglo XXI en un rincón de Europa. Un auténtico despropósito y un atentado contra la razón y el sentido común que los separatistas y los antisistema de nuestro país, pero también de Europa, interpretarán como oxígeno para sus proyectos. Que ayer la noticia fuera recibida con jolgorio por los presuntos delincuentes y sus terminales muestra hasta qué punto la resolución ha prestado un flaco favor a la causa de la libertad. Más allá del respeto que merecen las resoluciones judiciales, por más equivocadas que nos parezcan, nuestro Estado de Derecho debe mantenerse firme en la persecución de las gravísimas conductas de lo que ayer mismo la jueza Carmen Lamela definió como una organización criminal en su auto de procesamiento por sedición y otros delitos de la antigua cúpula policial y política de los Mossos, incluido Josep Lluís Trapero. Pese a la lógica desazón, la democracia española tiene la obligación de garantizar el respeto al orden constitucional. Los procedimientos abiertos en nuestro país siguen con todas las garantías y serán nuestros magistrados los que decidan la suerte de los encausados. El tribunal de un Land tiene la competencia que tiene, pero sus resoluciones no son dogma de fe ni suponen magisterio alguno. Con las limitaciones impuestas por la Audiencia alemana, y si no hay revisión, Carles Puigdemont se enfrentará a penas menores de cárcel, pero importantes de inhabilitación. Que los separatistas intenten forzar su candidatura a la presidencia demostrará hasta qué punto buscan la confrontación y arruinar el futuro de los catalanes.