La crisis de la inmigración es de la UE

El mayor problema que tiene encima de la mesa la Unión Europea no es el cumplimiento del déficit, ni la unión fiscal, sino la inmigración ilegal. El motivo por el que por primera vez saltaron las costuras de la UE fue la crisis de los refugiados desencadenada por las guerras de Siria e Irak, y de nuevo ahora vuelve a plantearse con toda su crudeza por la situación abierta por el barco «Aquarius», que navegaba por el Mediterráneo con 629 inmigrantes y refugiados que habían sido rescatados por Médicos Sin Fronteras y Sos Mediterranée en aguas de Libia. Abandonados a su suerte, estaban detenidos a 35 millas de Italia y 27 de Malta, una vez que el nuevo gobierno de Italia hubiese amenazado con cerrar sus puertos. Ayer, el Ejecutivo español anunció que acogerá el barco en el puerto de Valencia, dado que dispone de las condiciones de seguridad para acometer esta tarea. El Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado con sentido humanitario ante una situación desesperada –casi agotado el alimento de la nave– y ante la negativa de acogerlos del nuevo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de la xenófoba Liga Norte, a pesar incluso de que los alcaldes de Palermo y Nápoles habían ofrecido sus puertos. España ha dado un paso en cumplimento del Derecho Internacional y con él se remedia circunstancialmente una situación catastrófica que debe resolverse con urgencia dentro de la UE. Los países del sur son los afectados por una migración a la desesperada, pero el problema no se puede circunscribir únicamente a los tres países que han recibido el total de estas personas. La cifra de inmigrantes que han llegado por mar sólo en 2018 a Italia (13.677), Grecia (11.403) y España (10.991) evidencia la gravedad del problema. La actitud del Gobierno de Italia rompe el acuerdo que habían cerrado con el resto de países del Sur –España, Grecia, Malta y Chipre– en el que habían fijado una postura común ante la Presidencia búlgara que aspiraba a que los países sureños se hiciesen responsables de los llegados durante diez años y no los seis que ahora marca la ley. El compromiso de España ha sido recibido como una victoria por Salvini, aunque olvida que ese triunfo deberá compartirlo con el llamado Grupo de Visegrado, formado por Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia, con un planteamiento común contra las políticas migratorias de la UE. La llegada al gobierno italiano de una coalición como la formada por el M5S y la Liga Norte y el triunfo del húngaro Viktor Orbán confirma que en el seno de Europa se afianza una posición frontalmente contraria al espíritu que ha guiado a la UE. Tal vez en la reunión del Consejo Europeo del próximo día 28 –cuyo primer punto es el de inmigración– ya no baste con que los países del sur pidan más solidaridad a sus aliados comunitarios. En la cumbre de los países de la cuenca mediterránea el pasado enero en Roma –en la que también participaron Francia y Portugal–, Italia, con Paolo Gentiloni todavía en la Presidencia, expuso una situación dramática en la que la administración estaba desbordada ante una crisis humanitaria de estas características. No hubo respuesta, pero ahora es necesaria porque ni el triunfo del populismo más xenófobo en Italia, ni el avance de la ultraderechista AfD en Alemania, se explicarían sin el desgarro que está provocando en la UE esta crisis. El gesto de Pedro Sánchez es loable en su intención humanitaria –e inadmisible la burla de Salvini al «buen corazón de España»–, pero no puede ocultarse que el lugar del Mediterráneo por el que más ha crecido la entrada por mar es España. En concreto, en 2017 se ha triplicado: de las 8.048 personas de 2016 ha pasado a 22.419. Italia no debe derivar a España un problema que requiere la solidaridad de toda la UE.