La hora de la política en Cataluña

El argumento esgrimido por el nacionalismo de que el Estado desatiende sus obligaciones en Cataluña es una falacia que suele utilizar, pero de escaso rigor. Es más, se trata de la comunidad autónoma que mayor volumen de inversión en infraestructuras ha recibido por parte del Ministerio de Fomento durante el periodo 2006-2015, ya que se han destinado 8.283 millones de euros del total de más de 51.273 millones para el conjunto del país. La política basada sólo en la identidad imposibilita ver los datos objetivos, como aquellos famosos 16.000 millones de déficit fiscal respecto al conjunto del Estado, que ni el ex consejero de Economía Mas-Colell aceptaba y que acabó reconociendo que eran 3.000 millones de euros. Con estos argumentos y el lema de inequívoco sesgo populista «España nos roba» el nacionalismo se lanzó a un plan independentista que debía concluir en un tiempo récord de 18 meses. Pero la realidad de la sociedad catalana no es la que con tonos maniqueos han dibujado los líderes del «proceso», sino la que se basa en las políticas reales. Es evidente que el plan de infraestructuras que Mariano Rajoy presentó ayer en Barcelona se hace en un momento especialmente crítico, cuando la Generalitat se ha despreocupado de sus tareas de gobierno con absoluta irresponsabilidad y se ha centrado exclusivamente en un plan secesionista que no es aceptado por la mayoría de la sociedad catalana. Estas inversiones anunciadas por valor de 4.200 millones de euros son necesarias, pero conviene hacerlas públicas para rebatir el mensaje lanzado desde la Generalitat de que sólo forman parte de la «operación diálogo». Estamos hablando de inversiones ferroviarias en cercanías, del corredor mediterráneo –con el objetivo de tener concluido en 2020 el tramo catalán–, además de carreteras, puertos y aeropuertos. Hay, además, que tener en cuenta que esta inversión, de 1.000 millones por año, es la misma que la presupuestada para el pasado ejercicio por el Estado. No sólo la administración central no ha desatendido a Cataluña, sino que ha sido su sostén financiero a lo largo de crisis –con una inyección entre 2012 y 2017 de 66.550 millones de euros–, como es su obligación en un momento en el que las arcas de la Generalitat no podían hacer frente ni a nóminas ni a proveedores, y lo seguirá siendo: acaba de solicitar 7.345 millones de euros del FLA para este año. Oír hablar a los líderes del independentismo, que son además los representantes del Estado en Cataluña, y de manera especial al presidente de la Generalitat en su gira norteamericana en la que se ha dedicado a desprestigiar a la sociedad española, produce bochorno. Es la hora de restituir la política entendida como servicio público, no como bandera identitaria, recobrar el lenguaje de la racionalidad y la sensatez. Rajoy pidió en Barcelona ayuda para ganar «la batalla de la moderación». No será fácil porque dentro del nacionalismo hay una silenciosa pugna por la hegemonía política y porque un partido como el PDeCAT –la vieja Convergència– está siendo sometido al control de un grupo extremista y antisistema como es la CUP. Es necesario que la política se modere en Cataluña para poder gestionar un futuro que vaya más allá de la quimera independentista. Lástima que Carles Puigdemont esté entretenido ahora en «internacionalizar el proceso» en Estados Unidos –financiado, claro está, con el dinero público–, porque las medidas incluidas en el plan de infraestructuras presentado ayer están incluidas en su célebre documento de 46 puntos presentados al Gobierno. La Generalitat sigue en la propaganda, cuando ha llegado el momento de la política.