Opinión

Luz sobre el chivatazo a ETA

La Razón
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Siete años después, el juicio del «caso Faisán» arranca hoy en la Audiencia Nacional. El ex jefe Superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el ex inspector José María Ballesteros están acusados de colaborar con ETA y de revelación de secretos por desvelar en 2006 una operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista. Nadie más se sentará en el banquillo, pese a que el que fuera director general de la Policía, el socialista Víctor García Hidalgo, permaneció imputado durante buena parte de la instrucción. Los hechos se remontan a 2006 cuando, de acuerdo con la versión de las acusaciones, Fiscalía incluida –pese a las divergencias entre el fiscal del caso y el fiscal general del Estado a la hora de valorar lo sucedido–, Ballesteros acudió al bar Faisán y le entregó un teléfono al dueño del local y miembro de la red de extorsión, Joseba Elosua. Al otro lado de la línea estaba, supuestamente, Pamiés, que le avisó de la operación policial en marcha contra los extorsionadores de ETA. Elosua narró después a su yerno la conversación que había mantenido con el policía, diálogo que fue intervenido y grabado. Por estos hechos, los dos encausados se enfrentan a peticiones de hasta diez años de prisión. Obviamente, la presunción de inocencia de los acusados está intacta y las defensas han hecho su trabajo. LA RAZÓN informa hoy, por ejemplo, de un amplísimo informe pericial que mantiene que la baliza de seguimiento y escucha que llevaba en su automóvil el dueño del bar Faisán, y que intervino la narración de Elosua, fue deliberadamente manipulada para ajustar horas y movimientos a las llamadas realizadas por Pamiés. En todo caso, será el tribunal el que deba valorar la consistencia de esas pruebas. De lo que no cabe duda es de que estamos ante uno de los juicios más esperados que debe dar respuesta al que constituyó uno de los mayores escándalos de la lucha antiterrorista, que conmocionó a la opinión pública y que provocó un duro debate político con el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el epicentro de las acusaciones. No en vano se argumentó que el presunto chivatazo policial a la banda terrorista, que se produjo en plena tregua, tuvo el propósito de proteger el proceso de diálogo del Gobierno del PSOE con ETA. La verdad judicial no puede esquivar su responsabilidad ni cerrar en falso un episodio espinoso y doloroso. Debe esclarecer lo que allí ocurrió y depurar las actuaciones punibles que hubiera lugar. Sorprende, eso sí, que un caso de esta dimensión y significado se pueda dirimir sin un responsable político en el banquillo, y que se dé por bueno que dos policías pudieron tomar una decisión de esa gravedad por su cuenta. Aunque también es cierto que una cosa son las sospechas y los indicios, y otra muy distinta las pruebas para sostener una acusación.