La RAZÓN ha tenido acceso a la declaración íntegra que, como imputado, prestó el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, el pasado 15 de octubre ante el TSJC en el procedimiento abierto por la consulta separatista ilegal del 9-N. Dejando a parte consideraciones de naturaleza política, que no modifican el fondo de la cuestión, de la transcripción de las palabras de Mas se desprende la asunción paladina de su responsabilidad directa en el ilícito penal del que está acusado. No sólo reconoce que la Generalitat «colaboraba, informaba y distribuía materiales y servicios» para la celebración de la consulta, que había sido previamente suspendida por el Tribunal Constitucional, sino que mantuvo abierta la web oficial en contra de una orden judicial. Cuando menos, estamos ante la admisión de un delito de desobediencia y de otro de prevaricación. El propio ex presidente de la Generalitat ha mostrado a la Justicia el camino para una sentencia condenatoria de los hechos. Unos hechos de especial trascendencia, además, por haber sido protagonizados por el que era el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma catalana y, por lo tanto, estaba más obligado a cumplir y hacer cumplir la Ley.