Mas y el peso de la Ley

El anuncio por parte de la Generalitat de que Artur Mas se dispone a firmar la convocatoria del referéndum de autodeterminación mañana sábado es de una gravedad que no conviene ignorar ni rebajar, porque se trata del primer acto positivo contrario a la Ley por parte de un representante del Estado, obligado, por tanto, a cumplirla y a hacer que se cumpla. Pero también se trata de un gesto de desafío absolutamente inútil a los principios de la Constitución y a la soberanía de los españoles. Un error que no tendrá más fruto que la frustración de una parte de la sociedad catalana, a la que se ha hecho creer que la democracia puede ejercerse sin la sujeción del respeto a la Ley y a las reglas del juego. Que, además, la convocatoria se haga pocas horas después de que Jordi Pujol comparezca ante el Parlament para explicar su fraude fiscal durante tres décadas revela hasta qué punto ha calado el desprecio a las leyes entre los dirigentes separatistas. Como es sabido, la convocatoria del referéndum pondrá en marcha los mecanismos de defensa jurídica del Estado que, más allá de fechas y calendarios, son perfectamente capaces de garantizar el cumplimiento de la Ley y la salvaguarda de la democracia, como corresponde a un Estado de Derecho que dispone de un Gobierno firmemente comprometido con la defensa de la legalidad. No hay, pues, mayor peligro por este lado, ni hallará la Generalitat subterfugio o trampa alguna para saltarse la Ley, mucho menos amparándose en la autonomía parlamentaria. Ya en la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó la inhabilitación por desobediencia del ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atucha, quedó refrendado el principio de que no puede alegarse la autonomía parlamentaria para incumplir las resoluciones judiciales «porque se dibujaría un mapa de impunidad en el que las cámaras que lo consideraran oportuno resultarían blindadas ante el mandato imperativo del artículo 118 de la Constitución». Lo sabe Mas y lo saben quienes le empujan a conculcar la Ley. Nada hay más clarificador que la declaración del secretario general adjunto de ERC, Lluís Salvadó, advirtiendo de que «si alguien cree que se puede conseguir la independencia de Cataluña sin pasar por encima del TC, es que, en realidad, no la desea». Desde el Gobierno, aún se confía en que Mas renuncie a seguir adelante con su descabellado proyecto una vez que se pronuncien las primeras resoluciones del Constitucional. Sería un acto de sensatez, de asunción de la legalidad y de respeto a los catalanes y al resto de los españoles. Contará con el apoyo de las instituciones y con el respaldo de la mayoría de la sociedad española, que desea el acuerdo dentro de la Constitución. Lo contrario significará caer bajo el peso de la Ley y la democracia.