No se debe ir por delante de la técnica

Sin duda, es mucho más reconfortante fabular imaginarios idílicos para la humanidad que tratar de gestionar el incómodo y, muchas veces, ingrato presente. Pero la realidad es que no se puede legislar adelantándose a la ciencia, puesto que ésta puede hacer cambiar cualquier paradigma con un sólo hito –el fuego, la rueda, la brújula, el efecto ventury sobre el perfil alar, la fusión del núcleo o el microchip– y dar al traste con cualquier previsión. Y cuando esto ocurre, los gobernantes no suelen tener otro papel que el de adecuar la nueva realidad a la convivencia social y, de paso, extraer las correspondientes tasas fiscales. Ningún gobierno tuvo que prohibir la fabricación de los carros tirados por caballos para que el ciudadano descubriera las ventajas del automóvil. No hubo que alentar desde el poder el uso de la refrigeración doméstica y, en sólo ocho años, el teléfono móvil se convirtió en un instrumento cotidiano, sin que nuestros políticos tuvieran la menor intervención. La experiencia nos dicta que cuando el vehículo eléctrico alcance su madurez, o cuando la pila de hidrógeno se haya desarrollado más allá del estadio de curiosidad científica, el problema no será la resistencia del usuario al cambio, sino el retraso en la adecuación de todas aquellas infraestructuras, de todo tipo de actuaciones que dependan del poder político. Y si no, pregunten a los redactores del proyecto de la ley de cambio climático en cuánto han calculado la inversión necesaria para adecuar la red eléctrica española a las mayores demandas de potencia que requiere un parque automovilístico movido por baterías o si ya han previsto el efecto del vapor de agua resultante de la combustión del hidrógeno de mil millones de automóviles –25 millones, sólo en España– sobre el calentamiento de la atmósfera. Con todo, el mayor problema de estos legisladores abonados al voluntarismo y sin otro instrumento eficaz que el de la prohibición es que las consecuencias benéficas entran en el campo de los futuribles mientras que los perjuicios son de riguroso presente. Cuando se anuncia desde la alegría política del «largo me lo fiais» el cese forzoso en 22 años de la producción de automóviles de combustión interna –incluidos los híbridos– se pone en riesgo grave el futuro a corto plazo de una industria, la del automóvil, que en España supone 300.000 puestos de trabajo, 17 grandes fábricas que generan el 10 por ciento del PIB y que suponen el mayor superávit de la balanza exterior, ya que exportan el 85 por ciento de la producción. Una industria que prevé las inversiones con décadas de adelanto y a la que, irracionalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de poner fecha de caducidad, cuando ni siquiera es seguro que el PSOE exista para ese tiempo. Pero el daño está hecho, es grave y no puede justificarse en las buenas intenciones. Como ocurrió con las energías renovables en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ni la técnica estaba suficientemente desarrollada ni era posible actuar al margen del resto del mundo. Hoy, España padece uno de los costes de la electricidad más altos de Europa, con efectos negativos en la competitividad industrial. Llegará el día en que las baterías de litio y cobalto puedan facilitar las prestaciones de los actuales motores de diésel y gasolina, menos contaminantes de lo que denuncian los movimientos ecologistas, y, entonces, habrá que legislar sobre la seguridad de unas máquinas en las que está presente la alta tensión, la nueva política fiscal que compense las pérdidas de ingresos por los impuestos a las gasolinas y gasóleos y la renovación de las redes eléctricas, antes mencionada. Mientras, es dudoso que el ciudadano medio, el que sólo puede tener un coche, quiera pagar el triple por unos vehículos inferiores en autonomía, velocidad y duración.