Desempleo juvenil

Pacto por el empleo

Si en algo coinciden plenamente el Gobierno de Rajoy y la oposición socialista es en la necesidad de poner rápidamente en marcha un plan de empleo juvenil que permita reducir el porcentaje escalofriante del 50% de paro que afecta a este segmento de la población. Por eso no podemos por menos que valorar la propuesta lanzada ayer por Alfredo Pérez Rubalcaba para alcanzar un pacto de Estado que implique al Gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios. Mimbres hay para trenzar ese pacto y en no pocos puntos pueden coincidir PP y PSOE. De hecho, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, subraya esta misma necesidad de consenso en la entrevista que publicamos hoy en Primera Plana, donde subraya que «es la hora de la responsabilidad y necesitamos al principal partido de la oposición con sentido de Estado, dando estabilidad a las instituciones y dispuesto a asumir su importante papel». Más aún, resulta interesante anotar lo próximas que están algunas propuestas de la propia ministra con las enumeradas ayer por Rubalcaba. Así, mientras que el líder del PSOE sugiere que los emprendedores menores de 35 años paguen una cotización reducida de 50 euros mensuales durante seis meses, la ministra Fátima revela a LA RAZÓN que una de las medidas de la Estrategia de Empleo Joven consiste en una especie de tarifa plana de seis meses en la cotización a la Seguridad Social para los jóvenes menores de 30 años. Asimismo, a los nuevos autónomos cuya edad no supere los 35 años, en el caso de las mujeres, y de los 30 en el de los hombres, se establecerá una reducción en sus cotizaciones del 30% durante 24 meses. Otro punto de coincidencia entre Gobierno y PSOE es el relacionado con la financiación, pues ambas partes consideran de gran urgencia estimular el crédito de las entidades bancarias y abrir líneas nuevas desde los medios públicos. Finalmente, en la cuestión de la formación profesional y de las primeras prácticas, también existen concomitancias entre lo propuesto ayer por Rubalcaba y las iniciativas puestas ya en marcha por el Gobierno. Por tanto, no hay razón para creer que el pacto de Estado es imposible. Ahora bien, una cosa es la oferta más o menos bienintencionada y otra muy distinta la voluntad real de llegar a acuerdos partiendo de la premisa de que es el Gobierno el responsable de dirigir la política económica. Como señala la ministra Báñez en nuestro periódico, ha de admitirse que el año pasado habría sido un año peor para el empleo de no haberse acometido las reformas estructurales, entre ellas las del mercado de trabajo. Sin asumir el principio de que para salir de la crisis es imprescindible mayor flexibilidad laboral, como hizo Alemania en la década pasada, cualquier oferta de pacto de Estado no será más que una argucia política y partidista.