No parece probable que pueda haber un acuerdo entre los representantes de los trabajadores portuarios y el Gobierno sin un largo y agrio enfrentamiento social, en el que la economía española sufrirá pérdidas millonarias. Por un lado está el sindicato de los estibadores, guardián de los derechos y privilegios laborales de un gremio que ha conseguido cerrar a cualquier competencia abierta su coto laboral, y por el otro el Gobierno de la nación, obligado por una resolución del Tribunal de Justicia Europeo a terminar con un modelo que impide la libre contratación de los trabajadores, situación insólita en un mercado de servicios abierto, como es la UE. Nadie debería rasgarse las vestiduras por la actitud corporativa de 6.156 trabajadores, cuyos sueldos medios rondan los 60.000 euros anuales y que temen, con razón, la pérdida de la posición privilegiada del que puede decidir quién trabaja en un puerto y quién no. Pero el cambio que viene es inevitable, a menos que se cargue sobre los impuestos de todos los españoles el importe de la multas, también millonarias, que nos impondrá Bruselas. La única solución posible es, como ya ocurrió en Francia, arbitrar un periodo transitorio para adaptar las nuevas condiciones laborales y fiscales al estándar europeo, pero, como señalábamos al principio, mucho nos tememos que harán falta meses de enfrentamientos para que el último gremio de España acepte la realidad.