Proceso al «procés»

La fase de instrucción llevada a cabo por el juez Pablo Llarena por intentar declarar la independencia de Cataluña saltando por encima de la legalidad vigente está llegando al final. El magistrado ha citado mañana a todas las partes –Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación particular– e investigados para notificarles el auto de procesamiento. Además, ha convocado a seis de los encausados: a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa y a la número dos de ERC, Marta Rovira. Dicha comparecencia está prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que permite una «audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza». Es decir, se abre la posibilidad de que el juez del Supremo imponga medidas cautelares de cárcel. De ser así, se planteará la inhabilitación en cargo público, lo que impediría de forma automática que el candidato de JxCat para la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, pudiera acceder al cargo. Esta posibilidad está abierta para los delitos de rebelión, porque, en aplicación del 384 bis de la LeCrim, «el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». La estratagema que abrieron ayer los independentistas de convocar con urgencia un pleno hoy para investir a Turull no deja de ser una manera de no reconocer la situación: Cataluña no puede tener al frente de la Generalitat a un político encausado por rebelión. Querer simular una supuesta normalidad y ganar tiempo con candidatos que han estado en la primera línea de este golpe a las instituciones democráticas –primero, Puigdemont; luego, Jordi Sánchez y, ahora, Turull– es persistir en la pérdida del sentido de la realidad que ha caracterizado al «proceso». Si la ronda de contactos que arrancó anoche por teléfono el presidente del Parlament, Roger Torrent, quiere resolver la investidura en una horas, se volvería a ir en contra el propio reglamento de la Cámara y de la Ley de la Presidencia que establece que el nombramiento debe hacerse tras un debate y unos tiempos. La instrucción de Llarena se ha realizado en un plazo breve para la complejidad del caso, en el que hay 28 investigados –que no tienen por qué ser procesados todos–, han participado diferentes departamentos de la administración de la Generalitat, se han ocultado cuentas para las autorizaciones de pago, mientras que las decisiones políticas ha sido un constante ejercido de fraudes de ley. A lo largo de la instrucción, el magistrado ha acumulado pruebas suficientes de que se han cometido delitos graves, más de los evidentes, haciendo un uso de las instituciones para incumplir la legalidad, utilizando fondos públicos en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional u organizando un referéndum previamente ilegalizado con la colaboración desleal de los Mossos d’Esquadra. Llarena sostuvo desde el principio el delito de rebelión y lo ha mantenido hasta el final –en su instrucción queda todavía el de malversación–, con el apoyo además de los tres magistrados de sala. Todo indica que defenderá dicho delito y la suspensión automática de cargo público en el supuesto de encarcelamiento preventivo siguiendo la sentencia del TC de 1994 en la que se aplica a «delitos que conllevan un desafío mismo a la esencia del Estado democrático» como es el supuesto de la rebelión. Los líderes independentistas a los que se les comunicará mañana su procesamiento por rebelión nunca tuvieron en cuenta que el Estado de Derecho no podía permitir un ataque que pusiera en peligro nuestra legalidad democrática.