Puigdemont, un fantasma en Flandes

La búsqueda de una bicefalia imposible en la gobernación de Cataluña es, sin duda, uno de los ejercicios más gratuitos del separatismo catalán, incapaz de asumir lo que ya sabe hasta el español menos avisado: que el golpe independentista ha fracasado y que la aplicación de la Ley y la Constitución no son opinables. Ayer, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la Justicia, reconoció la imposibilidad de mantener su candidatura para dar paso a otro de sus acólitos sacrificables Jordi Sánchez, maniobra que se pretende astuta, pero sin recorrido práctico alguno. En efecto, el pretendido «paso a un lado» de Puigdemont, que renuncia «provisionalmente» a sus invocados derechos a la presidencia del Gobierno autónomo catalán, no busca más que mantener la tensión y el enfrentamiento con las Instituciones del Estado, una vez que no parece probable que el «delfín» vaya a poder ejercer sus funciones, si es que llegara a ser investido. Pero a Puigdemont lo que de verdad le importa es mantener su ya escasa influencia pública en la vida de Cataluña, tratando de conformar una doble legitimidad sobre el Principado sin la menor virtualidad. Una bicefalia, como señalábamos al principio, entre Barcelona y Bruselas que, dicho sea de paso, convertiría en un títere al presidente oficial de la Generalitat, pero que permitiría a Puigdemont mantenerse en la ficción de que todavía cuenta. Lo racional y lo que, por lo tanto, acabará pasando, es que el huésped de Waterloo acabe difuminándose entre las bambalinas de la historia menor de Cataluña, algo que si no ha sucedido ya es porque los dos principales partidos separatistas en el Parlamento catalán, ERC y la antigua Convergència, no han conseguido ponerse de acuerdo en el reparto de consejerías y demás organismos públicos, ni han logrado enredar a los extremistas de las CUP en el acuerdo. El espectáculo que, una vez más, tuvimos que contemplar ayer en la Cámara catalana, –con un presidente como Roger Torrent que, dispuesto a no jugarse una imputación judicial que acabaría con su inhabilitación, no tuvo inconveniente en retorcer el reglamento – fue, sin embargo, ilustrativo del cambio que ha supuesto la realidad de la intervención del Gobierno en defensa de la democracia y la Constitución, con el artículo 155, y de la firmeza de las actuaciones judiciales que, poco a poco, van desvelando todo el alcance de la intentona golpista. Que el separatismo recurra a la política declarativa, meros brindis al sol, indica dos cosas: que si por un lado mantienen los mismos esquemas que, con el inestimable empuje de las CUP, le llevaron a la catástrofe; por otro, admite que cualquier acto positivo que vulnere las leyes acabará con sus responsables en la cárcel. Es de esperar que, a medida que republicanos y convergentes desbrocen el acuerdo de gobierno, la situación institucional en Cataluña vuelva a la normalidad y la Comunidad tenga un gobierno respetuosos con la Constitución y el Estatuto y, sobre todo, con los intereses de sus ciudadanos, que son los que sufren la mayor presión fiscal autonómica de España, los que padecen la mayor deuda pública, y que llevan casi un lustro sin que se atiendan sus principales problemas. Para ello, sería de utilidad, pero ya decimos que no es imprescindible, que el ex presidente Puigdemont diera un paso atrás y dejara de entorpecer con sus ambiciones personalistas, a la futura Administración de Cataluña. Si no lo hace él por su propia voluntad, serán los hechos los que le pongan en su sitio. De momento, la elección del nuevo president sigue paralizada más de dos meses después de la elecciones autonómicas, y todo, por darle vueltas a una imposible salida política para Carles Puigdemont, si atender a que su verdadero problema es de índole penal.