Seis meses de más empleo

Agosto es, por definición, un mes muy malo para el empleo por la finalización de los contratos de la temporada veraniega. Por término medio, con datos desde 1996, en estas fechas se asistía a un incremento de inscripciones en las oficinas de desempleo de 56.000 personas, con «puntas» en el peor año de la crisis –2008– de más de 100.000 demandantes de empleo. Es importante retener estas cifras para colocar en su justa proporción lo que supone la creación neta de 31 empleos registrada en este ejercicio. Pero más que la cifra concreta lo que resulta revelador es el cambio de tendencia. Es, además, el sexto mes consecutivo en el que desciende el número de parados –con una suma total de 340.000 desempleados menos–, dato que viene acompañado de otra cifra positiva: en los últimos doce meses el empleo juvenil ha recuperado 30.000 puestos de trabajo. Sin lanzar las campanas al vuelo, puesto que el índice de paro español se mantiene por encima del 26%, no cabe duda de que los buenos resultados de agosto –los mejores desde el año 2000– indican que nos hallamos ante un cambio de ciclo esperanzador que, además, coincide con otros indicativos macroeconómicos igualmente positivos. Así, no es posible disociar los buenos números del paro registrado del incremento de la actividad económica, que ha tenido sus máximos exponentes en el turismo extranjero y en la mejor balanza comercial exterior de los últimos 40 años. Si a ello le añadimos el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción del endeudamiento y la recuperación del crédito internacional, es inevitable concluir que estamos ante el principio de la salida de una de las crisis más agudas de las últimas décadas. Los motivos para la esperanza están ahí, pese a los agoreros, y confirman que las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en las peores condiciones financieras posibles, están dando los resultados previstos. Cierto que la situación es aún frágil y compleja, que hay datos de empleo preocupantes en cuanto a la alta temporalidad de los nuevos contratos y que el cruce con las cifras de afiliados a la Seguridad Social revela altos niveles de trabajo sumergido, pero nada comparable con la dramática situación de partida. Es necesario seguir en la misma línea. Las administraciones públicas deben cumplir los objetivos de déficit y ajustar sus políticas presupuestarias de manera que se den las condiciones para abordar la siguiente fase de recuperación económica, para la que es imprescindible que se acometa la reducción de la carga fiscal que hoy pesa sobre empresas y ciudadanos. Con la perspectiva del tiempo, se hace evidente que las subidas impositivas fueron inevitables para evitar la quiebra del Estado y su rescate, pero no deben prolongarse más allá de lo necesario. España ha puesto las bases para volver a la senda del desarrollo y al Gobierno hay que atribuirle el mérito que le corresponde. Ahora, toca un nuevo impulso.