Sería inaceptable repetir el bloqueo institucional del 20-D

La Razón
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LA RAZÓN ha planteado idéntico cuestionario a los candidatos de los cuatro principales partidos en liza con la intención de que se pronuncien claramente sobre las condiciones y prioridades que exigiría un acuerdo de Gobierno si, como parecen adelantar las encuestas, el próximo día 26 ninguno de ellos consiguiera los escaños suficientes para presentarse a la investidura. Vaya por delante que de las respuestas se deduce la misma foto fija poselectoral de la pasada legislatura frustrada, con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, abocado a representar el mismo papel estéril. En efecto, el candidato del PSOE insiste en la tesis de que para gobernar no es preciso ganar las elecciones, sino obtener una mayoría parlamentaria; mantiene su veto al Partido Popular y, por la izquierda, se cierra a un acuerdo que incluya admitir el derecho de autodeterminación de cualquier comunidad española. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vuelve a tender la mano a los socialistas en las mismas condiciones: Gobierno de coalición con reparto proporcional de las carteras ministeriales, aunque sin hacer referencia expresa, al menos en las respuestas a nuestro cuestionario, a la pretensión de celebrar un referéndum secesionista. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, coincide de pleno con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, tanto en el diagnóstico del problema –que es el riesgo para España de un gobierno débil en manos de los populistas que tiraría por la borda lo hecho contra la crisis–, como en la solución, que debe venir de la mano de un gobierno constitucionalista, reformista, con un gran apoyo parlamentario, pero en el que sería necesario contar con el PSOE. Esa «gran coalición» entre los tres partidos inequívocamente constitucionalistas –que Mariano Rajoy vuelve a ofrecer sin otra condición que el respeto a la candidatura más votada–, sería la mejor opción para conjurar un escenario de bloqueo institucional que, de alargarse, pondría en grave riesgo el proceso de crecimiento económico de España y, por lo tanto, la mejora del Estado del Bienestar. Y sólo será posible llegar a un gran acuerdo si los actores políticos concernidos se comprometen a levantar vetos personales y «líneas rojas» ideológicas, que no se entienden entre partidos demócratas, y se avienen a respetar el resultado de las urnas. Ni siquiera desde el tacticismo electoral se entiende la insistencia de los representantes de Ciudadanos, comenzando por el propio Albert Rivera, en determinar quién debe ser el candidato de otro partido o a quién se le reconoce el liderazgo. Más aún si –como señala Mariano Rajoy en nuestras páginas– el político a quien se pretende vetar dobla o triplica en votos a la otra formación. Es un error de concepto que sólo puede tener una explicación freudiana, aunque el candidato popular prefiera atribuirla a los pecados propios de la inexperiencia y a la ansiedad que provoca la perspectiva de la propia irrelevancia. En cualquier caso, es imprescindible que de las próximas elecciones surja un Parlamento capaz de formar Gobierno en el menor plazo posible. Un Gobierno fuerte que afronte el previsible incremento de la marea populista que prevén las encuestas electorales y que supone un riesgo para la estabilidad política española, en unos momentos muy complicados para el conjunto de la Unión Europea.