Sin ruido partidista frente al 1-O

Sin duda, la serenidad que exhibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el problema que representa para la estabilidad institucional de España el desafío separatista de la Generalitat de Cataluña debería servir de ejemplo para el principal partido de la oposición a la hora de abordar cualquier propuesta de modificación del modelo territorial. En primer lugar, porque es altamente dudoso que los independentistas catalanes se avengan a un acuerdo que respete los principios de la soberanía nacional y la unidad constitucional de España, que deben iluminar cualquier reforma del Estado autonómico, por la sencilla razón de que es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles. Pero, también, porque cualquier cambio en las reglas del juego no puede venir forzado por la presión y el chantaje de una minoría que se niega a cumplir la Ley. Si en política, el buen manejo de los tiempos es una condición necesaria para el éxito, en el caso que nos ocupa deviene imprescindible. Es lo que explicó ayer Mariano Rajoy tras mantener su tradicional despacho veraniego con Su Majestad el Rey, con quien, como no podía ser de otra forma, examinó el problema creado por la Generalitat, que es uno de lo que más preocupan a los ciudadanos. Así, cuando el presidente del Gobierno planteó que «no había que hacer nada» antes del 1 de octubre, la fecha del supuesto referéndum independentista, expresaba una posición política, a nuestro juicio, inobjetable, que, además, se debe interpretar como un toque de atención al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, empeñado en abrir el debate parlamentario sobre la reforma de la Constitución el próximo mes de septiembre, cuando lo previsible es que el callejón sin salida en el que se ha metido el Gobierno catalán esté provocando su punto máximo de tensión. En esas circunstancias, con consecuencias imprevisibles si tenemos en cuenta la dependencia del Ejecutivo de Puigdemont de un grupo antisistema y radical como la CUP, parece muy difícil que pudiera abordarse en el Parlamento con la tranquilidad y la serenidad necesarias una reforma constitucional que, por otra parte, exige el consenso de los principales partidos de la Cámara. Por el contrario, la propuesta de Mariano Rajoy representa la única estrategia plausible: ofrecer una respuesta política común al desafío separatista, al tiempo que los tribunales de Justicia velan para que se garantice el ordenamiento jurídico. En definitiva, por citar las palabras de Rajoy, ante el 1 de octubre hay que trasmitir «un mensaje al mundo» de que España es «un país serio, donde se cumple la Ley y los gobernantes están sometidos a su cumplimiento». Sólo a partir de ese momento, con independencia de cuál sea el escenario que resulte del fracaso separatista, se podrán abordar unas reformas que, como en el caso de la financiación autonómica, son del todo punto necesarias. No es deseable que, como revela el informe FEDEA, se mantenga la enorme brecha actual entre las comunidades autónomas mejor y peor financiadas. Por supuesto, sin un acuerdo de máximos entre los partidos mayoritarios, cualquier proceso de reforma está llamado al fracaso. La mejor expresión de esa voluntad de pacto, que no busca el dudoso rédito electoral inmediato, sería mostrar un respaldo sin condiciones al Gobierno de la nación ante el asunto catalán, algo que no debería ser muy complicado para el PSOE dado que lo que se defiende es la Constitución, la unidad de España y la igualdad de todos los españoles.