Sólo la ley frena la candidatura fantasma de Puigdemont

La situación de bloqueo político en Cataluña viene de un hecho básico que los estrategas del «proceso» no calibraron o no quisieron tener en cuenta para que no decayese el fervor: el choque frontal con el Estado desencadenaría una batalla política y judicial de la que, en ningún caso, podían salir victoriosos los que han vulnerado la legalidad. Es un principio democrático. Con la Ley en la mano, el Estado ha frenado lo que era el último asalto del independentismo, que vuelve a reproducir los mismos errores que ha llevado a la aplicación del artículo 155. La investidura prevista para ayer se aplazó en el último momento, tras el anunció del presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Aunque no ahorró los ataques al Gobierno y al Tribunal Constitucional por haber recurrido la candidatura de Puigdemont si este no acudía a la cámara y finalmente haber sido prohibida por el Alto Tribunal, acabó reconociendo la evidencia de que dicha sesión no se podía celebrar si no se desobedecía el auto, lo que tendría graves consecuencias. De haberse celebrado el pleno con el fin de votar la candidatura de Puigdemont, la presidencia de la cámara hubiera incurrido en un delito penado con la inhabilitación. Todo indica que no estaba dispuesto a correr este riesgo y que, como militante de ERC, era partidario de conservar las cuotas de poder conseguidas, pero, sobre todo, que la decisión del Gobierno de impedir que Puigdemont sea investido de forma telemática, por delegación o burlando la orden de detención vigente contra él ha sido eficaz. La facción independentista que se ha hecho fuerte en Bruselas no tiene más objetivo ni más futuro que bloquear las instituciones y desafiar al Estado. Es una estrategia destructiva que no tiene más recorrido que los límites que le ponga las leyes. Torrent propuso al cabeza de lista de JxCat, aún estando huido de la justicia, en un movimiento que sabía que no podía salir adelante, como ahora se ha demostrado, que le ha permitido poner en marcha el proceso de investidura –debía hacerse a los diez días de la constitución del Parlament– y comprobar que la derogación del 155 sólo es posible desde el estricto cumplimiento del orden constitucional. Hay un hecho evidente: Puigdemont es ahora el gran problema para que Cataluña recupere un mínima normalidad institucional. Es decir, que se elija a un presidente contra el que no haya causas penales abiertas y se nombre al gobierno. Fue el entonces presidente de la Generalitat quien provocó la aplicación del 155 y quien persiste en su perpetuación. El aplazamiento sin día de la investidura permitirá a los independentistas ganar tiempo para presentar alegaciones, aunque el TC ratificó ayer las medidas cautelares contra la investidura del candidato prófugo, pero sobre todo para resolver el enfrentamiento abierto que JxCat –o el sector afín a Puigdemont– mantiene con ERC. La situación de Cataluña es de absoluto bloqueo. Por un lado, Puigdemont quiere ser entronizado como el único líder y gobernar aunque sea por delegación. Por otro lado, el aplazamiento paraliza el reloj, dado que no se ha votado, pero deja el futuro en un limbo legal que será difícil sortear, dado que la presidencia del Parlament mantiene el mismo candidato, por lo menos verbalmente y para no agudizar el conflicto interno dentro del separatismo. Si ha descartado otra ronda de contactos entre partidos, la situación se agrava aún más. Cataluña se ha puesto al servicio de las guerras del independentismo.