Tragedias evitables

El conductor de la retroexcavadora que provocó el accidente de un microbús en el que murieron cinco chicos de entre 12 y 15 años, pertenecientes a un equipo de fútbol de Monterrubio de la Serena (Badajoz), había consumido cocaína y cannabis, por lo que fue detenido. El juez le envió a prisión por delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y contra la seguridad vial. El suceso ha puesto de nuevo el foco sobre una de las circunstancias más graves para la circulación por las carreteras. Y es que los datos de consumo de drogas son alarmantes. En los controles realizados en España para un estudio promovido por la Comisión Europea, se detectó la presencia de sustancias ilegales en más del 19% de los conductores y en más del 5%, de alcohol. De ellos, además, algo más del 3% había tomado conjuntamente drogas y alcohol. La influencia de estos hábitos en las capacidades del conductor está más que demostrada y se calcula que aumenta entre 2 y 7 veces el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Según estimaciones, si ningún conductor circulara después de haberse drogado, se podría evitar la muerte de al menos 480 personas cada año. Hablamos, por tanto, de una amenaza muy presente y no menor, a la que el Gobierno ha prestado la relevancia necesaria en la nueva ley de tráfico, que entró en vigor ayer mismo. La norma ha endurecido las sanciones contra esta clase de conductas hasta duplicarlas, lo que da idea de la seriedad de la amenaza. Obviamente, cuando estamos ante imprudencias con resultado de muerte, el Código Penal establece además penas de prisión. La nueva ley de tráfico, que cubre vacíos y da respuestas adecuadas a situaciones cotidianas potencialmente peligrosas –obligatoriedad del casco para ciclistas menores de 16 años en ciudad, prohibición de los dispositivos de detección de radares, capacidad de inmovilizar un vehículo si circula con niños sin sistema de retención infantil, multas de hasta mil euros por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas–, es un avance preciso que deriva de una política de prevención y rigor que ha deparado resultados incontestables en la mejora de la siniestralidad y en la que se hace necesario incidir. La tragedia de Badajoz nos ha conmocionado y nos ha recordado de forma desgarradora las consecuencias de que alguien no respete las normas y actúe con imprudencia y temeridad. Además de ordenamientos jurídicos y preceptos administrativos, siempre necesarios y que cumplen una evidente función pública, estamos ante el deber colectivo de conducirnos con responsabilidad en las carreteras. Es preciso que prenda en la conciencia común que la tolerancia cero con las drogas o el alcohol salva vidas y que los riesgos de que bajemos la guardia, la Administración incluida, pueden ser terribles y, por tanto, inasumibles.