Un fraude legal con tintes chavistas

Lo que desde Podemos y otros partidos de la izquierda nacionalista viene denominándose «anomalía» no es más que la manifestación de la voluntad popular expresada en las urnas. Nos referimos, por supuesto, a la actual composición del Senado, elegido de acuerdo a los procedimientos regulados por nuestro ordenamiento constitucional, en el que el Partido Popular tiene una sólida mayoría absoluta que, entre otras facultades, le otorga no tanto capacidad de veto –figura jurídica, por otra lado, inexistente– a una determinada propuesta de déficit público, como obliga al acuerdo entre ambas Cámaras, tal y como se establece la vigente Ley de Estabilidad Presupuestaria. De ahí que la argucia de leguleyos que defienden, notablemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, para eliminar de hecho esa mayoría, traiga a nuestra democracia los malos aromas del régimen chavista venezolano, que no dudó en neutralizar a la Asamblea Nacional, dominada por los partidos opositores merced a una impecable victoria electoral, fabricándose una Cámara ad hoc. En ningún caso dibujamos con trazo grueso al denunciar el sesgo antidemocrático que subyace en toda esta operación, simplemente, describimos un hecho: que en lugar de buscar el acuerdo con quien representa a la mayoría de los ciudadanos en el Senado, se pretende desconocerlo mediante un fraude legislativo impropio. No vamos a caer en la ingenuidad de recordarle al partido en el Gobierno sus anteriores protestas en favor de reforzar el papel de la Cámara Alta, entre otras cuestiones, porque el actual socialismo español no se desenvuelve, precisamente, en la coherencia, pero sí insistir en que la verdadera anomalía es que se pretenda arrebatar a los senadores, que son los depositarios por antonomasia de la Representación territorial, su derecho a intervenir en el establecimiento del objetivo de estabilidad, que afecta directamente a la financiación de las distintas comunidades autónomas. Pero es que esta facultad del Senado tampoco es excepcional, como pretende la izquierda. Al contrario, la prescripción de la Cámara Alta, más allá de la segunda lectura de las leyes, es necesaria para, por ejemplo, reformar la Constitución, elegir al defensor del pueblo o autorizar tratados internacionales. Estamos, además, ante un fraude parlamentario que tiene otras connotaciones que no escaparán a la observación crítica de la mayoría de los ciudadanos por cuanto se pretende colar una enmienda que reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria durante la tramitación de una norma inscrita en el Pacto contra la Violencia de Género, con lo que se dinamita uno de los pocos acuerdos de Estado en un asunto grave, puesto que hablamos del riesgo de muerte de muchas mujeres, y de gran sensibilidad social. Que quienes se declaran adalides de la defensa de las mujeres maltratadas contaminen una iniciativa legislativa por mero tacticismo les retrata en su doble moral. Por otra parte, esa pretendida argucia, un fraude a los procedimientos parlamentarios, ni es inédita ni original. El Tribunal Constitucional ha sentado doctrina contra ese tipo de prácticas en varias sentencias, con la exigencia de que haya congruencia y homogeneidad entre las enmiendas a un texto legislativo y la naturaleza de ese mismo texto. Comprendemos las dificultades que atraviesa Pedro Sánchez para sacar adelante unos Presupuestos condicionados por la demagogia populista de la extrema izquierda. Pero la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno no justifica argucias que, en el fondo, denotan falta de respeto a las reglas del juego democrático. Hay otros partidos en las Cortes, absolutamente democráticos y volcados en los intereses generales, con los que Sánchez puede negociar. Y si no, elecciones.