Un fraude sin reproche social

El Ministerio del Interior dio cuenta ayer de una de las mayores operaciones policiales contra las redes de fraude a la Seguridad Social. Pero si la cifra de 2.008 detenidos e imputados alarma por sí sola, representa, desafortunadamente, una parte muy pequeña de la enorme bolsa de engaño que afecta a una institución tan fundamental para la estabilidad y pervivencia del Estado asistencial. El problema no es de ahora, pero adquiere toda su dimensión en unos momentos de crisis como los que vivimos, que exigen, sólo en los abonos del seguro de desempleo, un esfuerzo presupuestario para 2014 de 29.727 millones de euros, o lo que es lo mismo, la tercera partida de gasto más importante, tras el pago de las pensiones y los intereses de la deuda. En términos redondos, cada año se anulan 43.000 altas irregulares en el seguro de desempleo y se detectan un millar de empresas ficticias, creadas sin otro objetivo que la obtención fraudulenta de contraprestaciones sociales. En los últimos dos años, la Inspección de la Seguridad Social y los Cuerpos de Seguridad del Estado han conseguido aflorar 7.625 millones de euros en cobros ilegales. Si a esta situación le sumamos las partidas defraudadas en los cursos de formación y las actuaciones irregulares en casos como el de los ERE de Andalucía, que investiga la juez Mercedes Alaya, habremos de concluir que el gran esfuerzo de solidaridad fiscal de los españoles –también del resto de los europeos– se mina por el comportamiento absolutamente reprochable de una parte del cuerpo social pero, también, por la extendida idea de que el dinero público no merece la misma consideración que el privado. Años de desidia administrativa –con la Seguridad Social generando superávits y la recaudación de impuestos en alza, ejercicio tras ejercicio– explican, aunque no justifican, el escaso reproche popular ante unas prácticas que, en otros países de nuestro entorno, se consideran claramente atentatorias contra el interés general. Una tolerancia que, sin embargo, contrasta con la generalización de las acusaciones de corrupción contra la clase política española, estigmatizada desde el estallido de la crisis e incursa en una causa general que no se corresponde con el buen comportamiento de la mayoría de quienes ejercen la labor pública. Se impone a las instituciones del Estado, junto a una mayor vigilancia de estas conductas delictivas, llevar a cabo una labor de concienciación ciudadana sobre el grave perjuicio que se causa al cuerpo social y a la convivencia con el fraude a la Seguridad Social. Pero esta labor no tendrá éxito con medidas meramente declamativas. Como se ha hecho para atajar otros tipos de conductas delictivas, hay que apoyarlas con reformas penales que permitan sanciones ejemplarizantes en unos delitos que a todos afecta.