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Un momento crucial para la Fiscalía

Tiempo de lectura 4 min.

15 de junio de 2018. 04:05h

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15/6/2018

Nuevo relevo en la Fiscalía General del Estado. Hoy se anunciará oficialmente el nombre de María José Segarra como cabeza del Ministerio Público, a cuyas órdenes deben asegurarse la defensa de la legalidad y el cumplimiento de los derechos ciudadanos, como así ordena la Constitución. Es una pieza clave en el sistema judicial porque preserva su autonomía frente a otros órganos del poder judicial y, pese a ser nombrado por el Gobierno, debe actuar con independencia. Su papel es especialmente sensible, como recientemente se demostró con un comunicado unánime del Consejo Fiscal en el que criticaba a la juez Alaya por poner en duda la autonomía de los fiscales. Segarra llega al cargo en el momento en el que está abierto uno de los mayores retos judiciales que afronta nuestro país: la causa por la celebración del referéndum ilegal del 1-O. En octubre de 2017, el entonces fiscal general del Estado, el ya desaparecido José Manuel Maza, presentó en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sendas querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, trece ex consejeros, además de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa. Maza fue entonces muy preciso en su escrito de denuncia al sostener que hubo episodios de levantamiento «intimidatorio y violento» y que estos dirigentes independentistas, al desobedecer sistemáticamente las resoluciones del Constitucional, fomentaron «un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima». Las querellas fueron aceptadas y se mantuvo la unidad de criterio entre el fiscal y la magistratura para concluir en el procesamiento por rebelión. De hecho, Llarena tiene decidido finalizar la instrucción del sumario de la causa del 1-O cuanto antes, al inicio del verano. El objetivo es, una vez resueltos los recursos de las defensas, dictar seguidamente el auto de apertura de juicio oral y que éste comience en otoño. Sólo hubo un momento en el que el cambio de criterio de la Fiscalía General, estando al frente Julián Sánchez Melgar, cuando pidió la puesta en libertad del ex consejero Forn –supuestamente por motivos de salud– y la Fiscalía del Supremo se opuso a ello, aunque se sometió al criterio de la instancia superior por «imperativo legal» a través, además, de «instrucciones directas», según están especificadas en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se abre la posibilidad de que María José Segarra decida cambiar de criterio sobre las acusaciones, lo que sin duda abriría una crisis, pese a predominar el principio jerárquico, como así se especifica en el mismo Estatuto: «El Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia». Sin embargo, de abrirse esta posibilidad, se plantearía una situación que no sería conveniente en un momento en el que la causa contra los que instigaron el 1-O está tan avanzada. El magistrado Llarena está decidido a continuar con el proceso aunque el tribunal de Schleswig-Holstein resuelva una vez más no entregar a Puigdemont. Rebajar en estos momentos la acusación supondría un serio contratiempo, porque cambiar el criterio sería confuso, aunque quedaría en manos de los magistrados de Sala que deban juzgar, si bien incluso el juez Llarena ya contempla que los inductores del 1-O pueden ser acusados por rebelión o conspiración para la rebelión. Sin duda, la llegada a la Fiscalía General de María José Segarra llega en un momento crucial.

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