Una sola Hacienda para España

Si bien es cierto que la grave crisis económica y financiera internacional, con sus severas repercusiones en nuestro país, llevó a su máxima tensión el actual modelo de financiación autonómica, también lo es que el sistema de una Hacienda única, que recauda la mayor parte de los impuestos, permitió a los Gobiernos de Mariano Rajoy, mediante instrumentos como el FLA o el pago a proveedores, acudir al rescate de aquellas comunidades autónomas que se hallaban en práctica bancarrota e imposibilitadas de financiarse en los mercados de crédito a través de la emisión de deuda propia. Se hizo, por supuesto, en aplicación, por un lado, del principio de solidaridad interterritorial y, por otro, de la indeclinable responsabilidad del Estado como garante de la solvencia de España ante los compromisos adquiridos. Conviene recordarlo, más ahora que se alzan voces en muy diversos sectores que reclaman la descentralización de los ingresos fiscales, traspasando la recaudación a unas nuevas haciendas autonómicas, que serían así responsables, tanto de los gastos como de los ingresos. En cierto modo, se pretende la extensión de los modelos vasco y navarro, y el establecimiento posterior de unos cupos, destinados a la redistribución de las rentas. Se trata de una fórmula que, pese a su apariencia igualitaria, llevaría inevitablemente a la competencia fiscal entre las autonomías, como medio de atraer inversiones, trabajadores o patrimonios de otras regiones, y que, indefectiblemente, acabaría por favorecer a las comunidades más pobladas e industrializadas, en detrimento de las demás. Ese planteamiento, vestido con el término de «corresponsabilidad» fiscal, no oculta, sin embargo, la pretensión de que los distintos gobiernos autonómicos, convertidos en recaudadores de impuestos en sus territorios, se vean obligados a ajustar sus gastos, por cuanto los efectos de una presión fiscal excesiva correrían a costa de sus expectativas electorales. Pero esa demanda, además de atacar el principio de solidaridad nacional y de obviar que no son los territorios sino las personas quienes pagan los impuestos, olvida que los mayores gastos a los que tienen que hacer frente las comunidades autónomas son los que se derivan de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales y que la obligación del Estado es garantizar que todos los ciudadanos reciban la misma atención sin importar el lugar donde residan. Si ya se están abriendo, esencialmente por razones de densidad poblacional, notables diferencias territoriales en la calidad de la asistencia sanitaria, cabe imaginar qué no ocurría con el modelo de descentralización fiscal. Esto no quiere decir, sin embargo, que no hay que ajustar el actual modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 por el último Gobierno socialista, es decir, ante de que se sufrieran los embates de la crisis, para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Creemos, sin cuestionar la excepción vasca y navarra, que está recogida en nuestro ordenamiento constitucional, que es preciso mantener el actual principio de una Hacienda única, aunque se puedan flexibilizar las atribuciones fiscales de que gozan ya las autonomías. Naturalmente, sin renunciar a los instrumentos de control del déficit público, que contienen la probada tendencia a la hipertrofia presupuestaria de las administraciones regionales. Nada útil puede esperarse para el conjunto de los ciudadanos si las distintas formaciones políticas no abordan la reforma de la financiación autonómica desde la lealtad y la objetividad de las cifras. Ya ha habido demasiadas «deudas históricas» que, casi siempre, ocultan la consecuencias del alegre despilfarro del dinero público.