Violencia para la independencia

Después de varias jornadas de violencia salvaje, es un hecho que derechos y libertades de los ciudadanos han sido subvertidos de facto en Cataluña. Las personas no pueden moverse por el territorio a su conveniencia, ni siquiera pasear o disfrutar de la presunta seguridad que el Estado les garantiza. Se les está fallando como si no vivieran en una de las 19 democracias plenas del mundo. No se puede, por tanto, relativizar ni mucho menos mentir con descaro a la gente que tiene sus calles en llamas y sus infraestructuras de comunicaciones violentadas por los una banda de facinerosos. Hay un escenario de enorme gravedad, probablemente el peor de la historia de la España democrática, y, por supuesto, existen responsables y culpables. En esta última categoría, hay una nómina extensa de políticos separatistas, que encabezan Torra y Puigdemont, al que se siguen todos esos corifeos que son copartícipes cuando no muñidores del desastre. Porque es una evidencia para quien no se quiera engañar que esta Rosa de Fuego que sufren los ciudadanos de Cataluña, y especialmente de Barcelona, no es una casualidad coyuntural ni el fruto de una movilización espontánea de unos cientos de adolescentes descerebrados, sino de un plan. Sólo un gran ingenuo o un estúpido asumiría como cierta esa hipótesis, y no la verdad de una insurrección continuadora del golpe de 2017 por otros medios, en este caso la violencia extrema, la sangre y las brasas, para explotar la supuesta debilidad de un gobierno desnortado y de un Estado desguarnecido y desactivado. A lo que asistimos en las localidades catalanas es a un manifestación sediciosa o rebelde orquestada por la Generalitat y todos los ingentes medios de los que dispone tanto materiales como económicos, y es por eso que el único mensaje que sale de Torra y sus conmilitones supremacistas es que Pedro Sánchez debe sentarse a negociar ya la autodeterminación y la amnistía porque llegarán «tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera llegar». Si lo de 2017 fue un acto de fuerza para burlar la legalidad, lo de hoy es una insurrección violenta para abrasarla. Es un procés revolucionario cuyas víctimas más inmediatas son esa mayoría de catalanes que no responde a las consignas de la secta facciosa estelada, pero también el resto de los españoles a los que se quiere privar de su país y sus derechos, entre ellos el ejercicio de su soberanía. Pere Aragonés, vicepresidente catalán y de ERC, aparenta ser la voz pragmática. Lo transmite así en una entrevista con LA RAZÓN. Pero sólo será creíble cuando rompa con Torra. Además de culpables, hay responsables. Son los que, como el Gobierno y su presidente, responden con maniobras tacticistas con la mente puesta en las elecciones y quieren convencer a la ciudadanía de que Cataluña está tranquila y que sólo hay brotes localizados. Se escudan en la retórica de la proporcionalidad, tal vez porque no quieran echar más leña al fuego sin reparar en que las llamas ya lo devoran todo a su paso y en que puede que luego sólo tengamos que recoger cenizas. La izquierda extrema y el resto de los nacionalistas han reafirmado su carácter de enorme deslealtad al interés general de los españoles. Buscan pescar en río revuelto y dinamitar de una vez el régimen del 78. Ante todo ello, y pese al instante crítico que atravesamos, con un adversario convertido en enemigo, el Estado tiene instrumentos contundentes y de una naturaleza democrática indiscutible. La Constitución, esa que ahora pretenden fulminar, dotó a los poderes públicos de herramientas para responder a los desafíos más críticos. Todas deben ser contempladas para restaurar el orden perdido y el imperio de la Ley contra los totalitarios que amenazan nuestras libertades. El 155 parece ser ya pasado, pues el tiempo corre. Es una exigencia deponer a Torra y a una administración separatista convertida en un peligro para los catalanes. El Gobierno tiene que dejar de pensar en las urnas y hacerlo en las personas y la nación. Estamos a tiempo. España y su democracia deben prevalecer.