La España rasgada

En la obra El 18 de brumario de Luis Bonaparte, Marx dice que «La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa», frase en la que seguía en cierta manera el pensamiento de Hegel, y que califica algún que otro acontecimiento histórico. La Segunda República Española fracasó por muchas razones, especialmente por acontecimientos y ejercicio de prácticas políticas que estamos recordando en estos momentos, terminando en una gran tragedia, y esta vez, esperemos que se convierta en el segundo apunte de Marx. Primero vino el perdón en forma de indultos ofrecido a los condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación; después, vino la derogación del delito de sedición, constituyendo ya una tácita amnistía al decir en la exposición de motivos de la Ley derogadora que «la reciente aplicación de este precepto ha puesto de manifiesto imprecisiones normativas de dudosa compatibilidad con el principio de legalidad penal y el principio de proporcionalidad», con un absoluto desprecio y negación de la realidad enjuiciada por el alto tribunal que solo una actual y raquítica definición del delito de rebelión impidió su aplicación. Ahora, con la anunciada amnistía toca pedir perdón por la actuación del estado a través de los tribunales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y ya que estamos, no nos paramos en barros y se introduce el concepto de lawfare, para poder cuestionar decisiones de nuestros tribunales por parte de comisiones de investigación parlamentarias que no solo pueden dar lugar a reformas legislativas, sino a acciones de responsabilidad. En definitiva, someter decisiones judiciales a una revisión en el Parlamento, algo que sin mucho esfuerzo argumentativo todo el mundo sabe que está proscrito por la Constitución, afecta a la esencia de la democracia, especialmente a su máximo instrumento de garantías para los ciudadanos, la separación de poderes. Hace una semana ya escribía sobre ello, y conviene enfatizar que un poder judicial independiente es la garantía esencial del ordenamiento democrático puesto que se garantizan los derechos de los ciudadanos (art 24 CE), se ofrece seguridad jurídica y las garantías imprescindibles para una convivencia democrática. La justicia es uno de los aspectos más delicados en la configuración del Estado y el ataque a su independencia es el signo seguro de un retroceso democrático que en otros países los ha llevado a una dictadura de facto. El término lawfare de origen ingles tiene una traducción en español precaria e imprecisa, y está siendo usada para referirse al uso abusivo de la justicia para perjudicar o desactivar a un oponente político, convirtiéndose en los dos últimos días en el término más buscado en Internet. En definitiva se quiere insinuar sin disimulo que en España y en relación con el procés han podido darse actuaciones judiciales desviadas de la ley, que en lenguaje técnico serían acciones prevaricadoras, y cuyo estudio puede ser encomendado a una comisión de investigación parlamentaria, algo que de producirse no solo sería contrario a nuestra Constitución, sino y además contrario a uno de los valores que el art. 2 del Tratado de la Unión Europea afirma como uno de sus fundamentos, el Estado de Derecho. La valoración política sobre todo lo que está aconteciendo es muy abundante y a mí no me corresponde, pero la valoración jurídica es tan palmaria y evidente que no hacen falta grandes razonamientos para comprender lo que de intento de ruptura de nuestro sistema democrático supone, algo inaceptable en términos constitucionales y por supuesto en el ámbito de nuestra integración en la Unión Europea. La utilización del concepto lawfare identificándolo con el de judicialización de la política es tan injusto como falto de rigor.