Financiación del terrorismo palestino

Un Comisario Europeo ha puesto sobre la palestra la posibilidad de que los abundantes fondos que la UE pone a disposición de entidades palestinas hayan podido ser desviados hacia la financiación del terrorismo. Su intención inicial de bloquear esos fondos, al igual que han hecho Alemania y Austria con sus ayudas bilaterales, fue vetada por varios países, entre ellos España, con lo que el asunto ha quedado bloqueado. Desconocemos los argumentos esgrimidos por el gobierno español, aunque no sería sorprendente que, con ellos, tratara de ocultar el hecho de su participación, a través de la AECID, en la financiación de las más importantes ONGs palestinas que están vinculadas con organizaciones terroristas. Y como él, otras administraciones, regidas por cierto por algunos de los socios con los que, ahora, el partido socialista está negociando la continuidad de Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno.

Afortunadamente, sobre este asunto disponemos de la base de datos de NGO-Monitor en la que se relacionan las subvenciones españolas a este tipo de ONGs durante la última década. A partir de esa información se puede afirmar que 34,7 millones de euros –casi 3,5 millones en media anual– se han canalizado hacia ellas. La lista de donantes no es muy amplia, pues se trata de catorce administraciones públicas y una ONG. Pero sí es significativa, pues en ella predominan las que tienen su localización en el País Vasco. De hecho, es el Gobierno Vasco –a través de Elankidetza– el que más dinero pone para las organizaciones palestinas (16,3 millones de euros). Y si se añaden las cantidades transferidas por los ayuntamientos de Vitoria, San Sebastián y Bilbao, y las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya, así como la ONG vizcaína Solidaridad Internacional tenemos otros cinco millones de origen vasco. La cifra que corresponde al gobierno español es más modesta, aunque llega a los 11,1 millones. Y la lista se completa con cantidades menores del Gobierno de Navarra (1,6), la diputación de Málaga y los municipios de Barcelona, Pamplona, Málaga y Rivas-Vaciamadrid.

Hay motivo, pues, para que las autoridades españolas revisen a fondo la actuación de las administraciones mencionadas. Financiar el terrorismo es un delito y los tribunales deben depurar las responsabilidades a que haya habido lugar.