Gibraltar, paraíso fiscal confirmado

Gibraltar constituye una anomalía en el derecho internacional. Aún hoy, la página web de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce su condición colonial que vulnera la integridad territorial de España, tal como han señalado diversas Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Reino Unido ha ido sorteando dichas Resoluciones, consolidando un estatus jurídicamente insostenible. El reciente acuerdo con la Unión Europea, con la sorprendente aquiescencia del Gobierno español, se presenta como “histórico”, aunque en realidad prolonga una anomalía jurídica que compromete la equidad y solidaridad europeas.

Gibraltar se ha convertido en una singularidad en Europa, consolidando un régimen económico-fiscal extraordinariamente favorable que actúa en detrimento directo de la economía española, y de forma particularmente gravosa para el Campo de Gibraltar.

El modelo económico del Peñón se basa en una baja tributación que favorece la instalación de capitales y empresas extranjeras, sobre todo del sector financiero y del juego, con escaso respeto a la transparencia y a los estándares internacionales. Este diseño fiscal ha convertido al enclave en una economía parasitaria de la española: se beneficia de su ubicación, pero proyecta sus costes sobre España.

El impuesto de sociedades, del 12,5%, solo grava los beneficios generados dentro del territorio. Las rentas extranjeras quedan exentas, lo que permite estrategias de elusión fiscal singularmente agresivas y especialmente dañinas para las arcas públicas españolas. Además, Gibraltar no aplica IVA, lo que lo convierte en un polo de atracción para el turismo de compras. Tampoco existen impuestos sobre patrimonio, grandes fortunas, sucesiones, donaciones, plusvalías, dividendos ni intereses. Estas exenciones incentivan el asentamiento -real o ficticio- de personas con elevado patrimonio que buscan una fiscalidad amable.

Un ejemplo ilustrativo es el llamado Category 2 Individual Status, que permite tributar solo sobre una franja reducida de ingresos (entre 80.000 y 120.000 libras anuales), al margen de la renta real global. A ello se suma unos tipos efectivos sistemáticamente más bajos que en España. El IRPF no supera el 28%, frente al casi 50% español.

El resultado de estas ventajas es una renta per cápita que supera los 93.000 euros anuales, la segunda más alta de Europa, frente a menos de 25.000 euros en el vecino Campo de Gibraltar. La economía gibraltareña se apoya en una mano de obra española a la que no ofrece igualdad de derechos laborales ni acceso a pensiones equiparables. Sorprende la pasividad y docilidad de los defensores de los derechos de los trabajadores españoles en la colonia.

Buena parte de los ingresos públicos gibraltareños se sostiene con impuestos indirectos, especialmente derechos de importación del tabaco, cuyo contrabando hacia España constituye, según la Agencia Tributaria, cerca del 25% del presupuesto del Peñón. Así, la economía gibraltareña se sostiene sobre prácticas que perjudican fiscalmente a España, mientras reparte servicios públicos generosos solo entre sus residentes.

Este modelo ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de expertos y organismos internacionales, al facilitar la evasión y elusión fiscales. Pero lo más grave es la asimetría territorial que genera: Gibraltar capta los beneficios, mientras que el Campo de Gibraltar soporta los costes. El Peñón no compensa fiscalmente a los municipios vecinos, muchos de los cuales presentan altísimas tasas de desempleo estructural. Es un modelo cerrado, centrípeto, que acumula riqueza sin redistribuirla.

El reciente acuerdo entre España, el Reino Unido y la Unión Europea no corrige este desequilibrio. Al contrario, lo consolida. Gibraltar mantiene plena soberanía fiscal, sigue sin aplicar IVA y, pese a referencias retóricas a una “convergencia fiscal”, tan solo es un anuncio más propio de un maquillaje tributario que un avance hacia una equiparación real con la imposición europea. El Peñón seguirá actuando como un paraíso fiscal, perpetuando una competencia desleal intolerable para la economía española.

Además, con la retirada de la verja, se prevé un incremento de gibraltareños residiendo en España, atraídos por los precios más bajos de la vivienda, sin dejar por ello de trabajar y tributar en la colonia. Estudios recientes estiman que más de 3.000 gibraltareños viven en territorio español, aprovechando nuestros servicios públicos sin contribuir a su sostenimiento. Miles de vehículos gibraltareños transitan por la red viaria andaluza sin aportar un solo euro a la Hacienda española.

El mero anuncio del acuerdo ha provocado un temor a un repunte en la demanda de vivienda en municipios fronterizos, generando un efecto inflacionario que perjudica a las clases medias locales. Gibraltar se prepara para expandirse sobre suelo español, sin verja ni freno legal que lo impida.

El modelo fiscal y territorial gibraltareño no solo representa una irregularidad histórica y jurídica, sino una amenaza directa contra la justicia fiscal, la cohesión territorial y el desarrollo económico del sur de España. Picardo ha declarado que el acuerdo «está hecho a la medida de las necesidades de Gibraltar». Ceder ante su consolidación no es una solución razonable, sino una claudicación disfrazada de diplomacia.

Tomás Torres Perales Comandante de Caballería y Economista. Academia de las Ciencias y Artes Militares