El gobernante injusto degenera siempre en tirano

De la copiosa doctrina sobre la limitación del poder y el abuso de autoridad que nos ha dejado la apasionante historia del pensamiento político y constitucional, hay un conjunto de autores antiguos no especialmente conocidos por el gran público que cobran especial actualidad en medio de la vorágine de esta legislatura frenética, en donde un escándalo sucede al anterior y pronto es sucedido por otro todavía peor. Todos protagonizados, por cierto, por el poder. No me refiero solo a John Locke, Jean-Jacques Rousseau o Montesquieu, clásicos cuya gran apuesta, la separación de poderes, está saltando por los aires estos días en España después de más de seis años de sanchismo, sino a otros pensadores surgidos en el entorno del protestantismo francés del siglo XVI cuyas ideas se extendieron pronto también al ámbito del catolicismo. Ninguna de sus reflexiones ha perdido un ápice de vigencia, aunque algunas de ellas convenga ignorarlas por su evidente radicalidad, propia de los tiempos convulsos que se vivían en aquellas fechas. François Hotman justifica por ejemplo en el tratado Franco-Gallia, datado en 1573, la resistencia contra la tiranía, en el contexto de las guerras civiles de religión que asolaban entonces Francia. Étienne de La Boétie lamentaba por su parte la desesperante tendencia del pueblo a dejarse engatusar por los déspotas hábiles en su libro Discours de la servitude volontaire. En España, el historiador jesuita Juan de Mariana llegó incluso a justificar el tiranicidio en su magna obra De Rege et Regis Institutione. En su excelsa Historia del pensamiento político y social, Salvador Giner nos recuerda que para Mariana el Gobierno y el Rey existen en función de la sociedad humana, y no al revés. Retomando la antigua teoría del estado de naturaleza, Mariana entiende que para poder enfrentarse mejor a las penalidades derivadas de un mundo sin leyes en el que cunden la desorganización y el caos, los hombres confiaron su guía a individuos en teoría mejor dotados, con el fin de lograr precisamente ese orden, concierto y, sobre todo, prosperidad que tanto anhelaban. Desde esta perspectiva, «el príncipe, pues, es un servidor del pueblo y éste el depositario de la soberanía. Si el Rey no cumple –asegura en relación con el gobernante– el pueblo puede deponerlo, previo aviso dado por una asamblea». Menos extremista que Mariana, quien llegó incluso a hablar de «ejecución» del gobernante despótico, Johannes Althusius, otro pensador, aboga por la resistencia frente a las órdenes del tirano o incluso por la emigración para fundar comunidades en otras latitudes que cuenten con gobernantes más equilibrados. Dentro de esta profusión de autores que defienden abiertamente el derecho de resistencia ante los mandatarios injustos, una de las obras cumbres corresponde a Stephanus Junius Brutus, pseudónimo que pudo emplear Philippe Duplessis-Mornay para ocultarse, según la opinión dominante. Se trata del magnífico libro Vindiciae contra Tyrannos. La tesis mantenida es que el gobernante injusto degenera en tirano y frente a ese despotismo la resistencia resulta justificada. «El tirano que comete felonía contra el pueblo… es rebelde; cae por ello bajo las mismas leyes y merece penas mucho más graves», figura en este libro de 1579, paradigma de la defensa de los derechos del pueblo frente al absolutismo más recalcitrante. Curioso que pese a servir como base del constitucionalismo moderno, haya que volver de nuevo a él ahora que el constitucionalismo está instaurado.